El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este 21 de noviembre una proposición de ley del PSOE que busca reforzar los derechos de los consumidores en materia energética.
La norma obliga a las empresas comercializadoras de electricidad y gas a incluir en sus páginas web, contratos, facturas e información clara sobre entidades de resolución alternativa de litigios (ADR), una herramienta esencial para resolver conflictos de forma ágil y económica.
Cuál es el objetivo
La diputada socialista Emilia Almodóvar Sánchez, defensora de la iniciativa, explicó que el objetivo es armonizar la información que las comercializadoras deben proporcionar sobre las ADR, entidades que ofrecen una alternativa al sistema judicial para resolver reclamaciones. “Los consumidores deben saber que pueden acudir a un lugar diferente al judicial cuando tienen problemas con sus facturas, contratos o suministros”, señaló.
Aunque las eléctricas ya están obligadas a ofrecer a sus clientes la posibilidad de recurrir a estas entidades, las ADR son ampliamente desconocidas por la ciudadanía. La propuesta busca dar visibilidad a este recurso, considerado crucial en casos de bajo importe o que requieren solución rápida.
Amplio apoyo, pero con divisiones
La proposición de ley recibió el respaldo de la mayoría del hemiciclo, incluyendo Sumar, BNG y PNV. Sin embargo, el PP se abstuvo y Vox votó en contra. Desde Sumar, Félix Alonso destacó que el uso de las ADR en otros ámbitos, como el laboral, ha demostrado su eficacia, y subrayó que su implementación en el sector energético “aliviará la carga de los tribunales”.
El PNV, representado por Idoia Sagastizabal, recordó que la propuesta coincide con recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitidas en 2022. Por su parte, Junts adelantó que presentará una enmienda de totalidad por considerar que la ley podría invadir competencias autonómicas.
Críticas de Vox y PP
Desde Vox, Tomás Fernández Ríos calificó la propuesta como una “nimiedad” que el PSOE utiliza para aparentar actividad legislativa. Según él, el texto, de apenas “folio y medio”, no aporta avances significativos.
Por su parte, el diputado del PP Guillermo Mariscal cuestionó que se haya optado por una proposición de ley en lugar de incluir la medida en iniciativas legislativas ya en curso. A pesar de estas críticas, Mariscal coincidió en la necesidad de ampliar los mecanismos de resolución de conflictos en el sector.
Cambios legales en el horizonte
La iniciativa del PSOE propone reformar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos para detallar que la información sobre resolución de litigios debe estar disponible en páginas web, contratos y facturas. Además, las comercializadoras tendrán que identificar claramente a las ADR, proporcionando sus datos de contacto y página web, y garantizar que su resolución sea vinculante tanto para la empresa como para el consumidor.
El plazo establecido para que las empresas implementen estos cambios es de tres meses desde la aprobación de la ley. Con esta medida, el PSOE espera mejorar el acceso de los consumidores a mecanismos justos y económicos de resolución de conflictos, fomentando la transparencia y la confianza en el sector energético.