En junio de 2023, Francia presentó una ley pionera para regular la actividad de los influencers. La norma pretendía convertir la jungla digital en un campo seguro para que estos creadores de contenido no pudieran colársela a sus seguidores. Así, atacaba la publicidad encubierta, la promoción de productos dudosos o directamente los abusos y las estafas. Casi un año después, en mayo de 2024, el Gobierno de España aprobó una norma similar que, de momento, no está dando los resultados esperados.
La ley definía quiénes eran estos usuarios de especial relevancia (los que facturen 300.000 euros y los que superen el millón de seguidores en una única plataforma) y regulaba su actividad, obligándoles, entre otros aspectos, a identificar de forma expresa la publicidad y a etiquetar el contenido por edades.
Qué prohíbe la ley de los influencers
Además, se acordó que los influencers que cumplieran estos requisitos también tendrían prohibido publicitar apuestas y juegos de azar (“en toda programación dirigida a una audiencia potencialmente infantil”, especificó el Gobierno), tabaco, cigarrillos electrónicos, medicamentos, productos sanitarios o alcohol de más de 20 grados (en cualquier horario fuera de la franja entre la 01:00 y las 05:00 de la madrugada).
El problema es que el Real Decreto también obligaba a estos denominados usuarios de especial relevancia a inscribirse en un Registro especial de prestadores de servicio de comunicación audiovisual, y les daba para hacerlo un plazo de dos meses a partir del 2 de mayo de 2024… Del que la mayoría ha pasado completamente.
Qué influencers se han inscrito en el registro
Así lo señaló en X Samuel Parra, abogado en experto en tecnología relacionada con la informática y transparencia. "Quedan pocos días para que termine el plazo para que los influencers que cumplan los requisitos se inscriban en el Registro Estatal UER y de momento solo lo han hecho tres", alertó.
Esos tres son Illojuan, Ceci Dover y El Rubius. "Increíble el pasotismo, paradójico, tanto control de audiencias pero tan escaso control sobre el cumplimiento con las normativas", contestó a Parra Marina Brocca, experta en negocios digitales y Consultora del Reglamento General de Protección de Datos.