Los afectados del cártel de coches hablan: “No sabía que era víctima y podía recuperar 1.800 euros”

Entre 2006 y 2013, un acuerdo entre los principales fabricantes de vehículos en España conllevó la manipulación ilegal de precios en el sector automovilístico, provocando que los consumidores pagaran un sobreprecio, que se ha cuantificado en un 10,61% del precio de compra del coche más los intereses. Esta trama, conocida como Cártel de coches, implicó a marcas de renombre como Audi, BMW, Renault, Ford, Toyota y otras, que se beneficiaron al intercambiar información comercial sensible y acordar estrategias de fijación de precios en detrimento de los compradores.

La magnitud de este fraude salió a la luz tras una investigación liderada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sancionó a las empresas involucradas. La trama afectó aproximadamente al 91% del mercado automovilístico de esos años, lo que dejó a millones de consumidores sin alternativas competitivas de compra. Los compradores no solo pagaron de más, sino que se enfrentaron a un mercado distorsionado, donde la competencia justa había sido reemplazada por un monopolio encubierto.

Muchos no saben que pueden ser víctimas

Muchos de los compradores no sabían que habían sido víctimas de un fraude hasta que organizaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC) comenzaron a movilizarse para defender sus derechos. Desde AACC explican a Consumidor Global que los afectados, al enterarse de la posibilidad de reclamar una compensación, se sienten inicialmente desorientados. “Lo más importante es que la gente tenga claro que si compraron un coche entre 2006 y 2013, pueden estar afectados. Para facilitar el proceso, hemos creado un simulador en nuestra página web, donde los consumidores pueden comprobar si su vehículo está en la lista de afectados”, señala.

Borja Hortelano, uno de los afectados, relata a este medio cómo recibió una carta de la OCU en la que le informaban de que podía reclamar el sobreprecio que pagó por su Renault Megane. “Ni siquiera sabía que existía este problema hasta que me contactaron. Lo bueno es que la organización se encarga de todo el proceso legal. En mi caso, podría recuperar unos 1.800 euros”, cuenta Hortelano, quien se ha unido a la demanda colectiva presentada por la OCU.

La lucha por conseguir indemnizaciones

Uno de los mayores obstáculos para las víctimas ha sido la recolección de la documentación necesaria. Dado que el fraude ocurrió hace más de una década, muchos afectados ya no conservan los documentos que prueban la transacción comercial. Sin embargo, desde la agrupación de afectados tranquilizan a los perjudicados al subrayar que su equipo de abogados “ha diseñado una estrategia específica para que ningún caso se quede sin reclamar, incluso en situaciones donde los documentos originales son difíciles de recuperar”.

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A pesar de la magnitud del escándalo, la lucha por conseguir indemnizaciones ha sido lenta. Las demandas colectivas, lideradas por la OCU y AACC, enfrentan dificultades debido a la falta de unificación de criterios en los juzgados. “En algunas provincias, los jueces han rechazado casos por considerarlos prescritos, mientras que en otras las demandas han prosperado. Esto genera mucha frustración entre los afectados”, comentan desde la agrupación.  “En la actualidad, el porcentaje a recibir ha ido aumentando y se sitúa entre un 7% y un 9%, dependiendo de la provincia y el juez que dictamine. La pretensión de nuestro equipo es conseguir hasta un 15% sobre el precio de adquisición del vehículo”, apuntan.

Las marcas implicadas

El caso del cártel de coches abarca a más de una veintena de fabricantes de automóviles sancionados por la CNMC. En concreto, estas demandas afectan a quienes compraron sus coches:

• Renault entre febrero de 2006 y julio de 2013
• Ford entre febrero de 2006 y julio de 2013.
• BMW de junio de 2008 a agosto de 2013.
• Mitsubishi entre marzo de 2010 y agosto de 2013.
• Peugeot, Citröen y Opel entre febrero de 2006 y julio de 2013.
• Fiat, Alfa Romeo y Lancia de febrero de 2006 y agosto de 2013.
• Chrysler, Jeep y Dodge entre abril de 2008 y agosto de 2013.
• Kia entre marzo de 2007 y noviembre de 2012.
• Mazda entre marzo de 2010 y febrero de 2012.
• Porsche de junio de 2010 a agosto de 2013.
• Seat de febrero de 2006 a enero de 2013.
• Volkswagen, Audi y Skoda de octubre de 2008 a junio de 2013.
• Hyundai de marzo de 2010 a agosto de 2013.
• Chevrolet de febrero de 2006 a agosto de 2013.
• Mercedes de marzo de 2010 a febrero de 2011.
• Nissan de junio de 2008 a agosto de 2013.
• Lexus y Toyota de febrero de 2006 a agosto de 2013.
• Honda de abril de 2009 a agosto de 2013.
• Volvo de marzo de 2010 a agosto de 2013.

Por ejemplo, si alguien adquirió un vehículo de Renault entre febrero de 2006 y julio de 2013, o uno de BMW entre junio de 2008 y agosto de 2013, puede ser elegible para reclamar una compensación. La OCU ha presentado hasta el momento siete demandas colectivas, la última de ellas en julio de 2024, contra Renault, la marca del coche del afectado Borja Hortelano. La organización estima que los afectados podrían recuperar hasta un 17,5% del precio de compra de su vehículo, sumando los intereses de demora.

¿Te afecta? No te conformes: reclama

Para muchos consumidores ocasionales, el proceso de reclamación puede parecer desalentador. La posibilidad de tener que enfrentarse a largos procedimientos judiciales y la idea de que podrían no recuperar una cantidad significativa ha hecho que algunos afectados decidan no reclamar. Sin embargo, tanto la AACC como la OCU instan a reclamar, simplificando los procesos y garantizando que todos los afectados reciban lo que les corresponde. Además, muchos bufetes y organizaciones, como la AACC, solo cobran honorarios en caso de éxito, lo que reduce el riesgo financiero para los reclamantes.

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En la misma línea, la OCU especifica que “el proceso judicial no tiene para el cliente ningún coste en este momento, ni es necesario que se haga socio suscriptor de OCU. Si la respuesta de la Justicia fuera negativa tampoco se deberá hacer frente a las costas que se generen. Sólo en caso de éxito, la organización recuperará el coste de la acción con cargo a un porcentaje de la indemnización final que al cliente le sea reconocida”.