El Ministerio de Trabajo espera alcanzar un acuerdo con la patronal CEOE para reducir la jornada laboral a 38,5 horas semanales a la vuelta de las vacaciones de verano y a 37,5 horas en 2025.
Así lo ha indicado este lunes, 29 de julio, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras mantener una reunión con los agentes sociales sobre la reducción de la jornada laboral.
Fecha clave para la reducción de la jornada laboral
La negociación tiene tres elementos fundamentales: el registro de la jornada laboral, la desconexión digital y la propia reducción de las horas de trabajo. Por su parte, la CEOE ha dejado claro que se van a valorar estos factores y la nueva reunión de la mesa se ha establecido para el próximo 9 de septiembre. Fecha en la que Pérez Rey espera alcanzar un acuerdo definitivo.
En este marco, ha hecho hincapié en la importancia de mejorar el registro horario para poder verificar si se cumple legalmente con la jornada. "Todo este esfuerzo negociador no serviría de nada si luego la jornada se incumpliera de manera sistemática y esto es a lo que queremos poner freno con ese registro", ha insistido.
¿Quién se beneficiará de la reducción?
"Hemos ofrecido a la patronal márgenes suficientes para que esta reducción se haga de manera progresiva sin alterar de manera importante el ritmo de las empresas, para que las empresas se puedan acoger de manera secuencial a esta reducción", ha explicado Pérez Rey. De esta forma, la jornada laboral se reduciría a 38,5 horas tan pronto como se llegue a un acuerdo y la medida, con la reducción a 37,5 horas, no entraría en vigor el 1 de enero de 2025, sino a lo largo del año.
Actualmente, la jornada laboral es de 40 horas semanales y el objetivo del Ministerio de Trabajo es que se baje a las 37,5 horas. La reducción puede beneficiar hasta a 13 millones de trabajadores en España. Por su parte, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján ha advertido de que, aunque están dispuestos a ampliar la transición de la reducción de jornada a los convenios, no aceptarán aplazamientos. "No queremos llevar ningún sector al año 26 ó 27 sin que noten, aunque sea mínimamente, que esto está ya en vigor. Nos parecería injusto y discriminatorio con otros sectores", ha zanjado Luján.