La lucha contra el llamado Cártel de Coches continúa su curso en los tribunales españoles. En esta ocasión, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Renault, uno de los fabricantes implicados en este pacto de precios que afectó gravemente a los compradores de vehículos entre los años 2006 y 2013.
La OCU, en su papel de defensa de los derechos de los consumidores, se ha encargado de liderar una acción colectiva para representar a los miles de usuarios que se vieron obligados a pagar un precio inflado por sus automóviles debido a las prácticas anticompetitivas de diversas marcas. En total, la organización ha presentado siete demandas colectivas que abarcan a múltiples fabricantes, todos ellos sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que confirmó que estas prácticas violaban la normativa de libre competencia.
Prácticas anticompetitivas y sanciones de la CNMC
Este Cártel de Coches, como lo ha denominado la propia CNMC, consistía en acuerdos entre fabricantes y concesionarios para establecer precios inflados, en detrimento del mercado y de los consumidores. La autoridad de competencia impuso sanciones a las marcas y concesionarios implicados, y el Tribunal Supremo ratificó dichas sanciones, sentando un precedente y dando la oportunidad a los consumidores de presentar reclamaciones por el dinero pagado de más.
Entre las marcas afectadas se encuentran Renault, BMW, Ford, Fiat, Peugeot, Volkswagen, y muchas otras, que establecieron acuerdos entre 2006 y 2013 para mantener los precios elevados de sus vehículos en España. Estos pactos, denominados por la OCU como un “timo modelo”, significaron que muchos consumidores pagaran hasta un 10% más del precio real de sus coches.
La demanda contra Renault
La última demanda colectiva admitida a trámite, la cual se dirige contra Renault y su matriz en España, busca una compensación para los compradores que adquirieron vehículos de la marca entre febrero de 2006 y julio de 2013. La OCU ha solicitado una indemnización que represente más del 10% del precio de compra de cada coche afectado, a lo que se sumarían los intereses de demora acumulados desde la fecha de adquisición del vehículo.
Esta compensación total podría ascender al 17,5% del coste del vehículo para algunos usuarios. Sin embargo, la organización no descarta que la compensación final pueda alcanzar hasta el 25% del precio de compra en algunos casos, dado el impacto económico que esta práctica anticompetitiva ha tenido en los consumidores.
Los próximos pasos
La OCU ha impulsado, además de la demanda contra Renault, seis acciones colectivas adicionales contra otros fabricantes involucrados, que incluyen a Ford, BMW, Mitsubishi, Peugeot, Fiat, Chrysler, Kia, Seat, y Mercedes, entre otros. Los periodos de afectación varían según cada fabricante, pero en todos los casos abarcan el período en el que operó este acuerdo de precios en perjuicio de los consumidores.
Para aquellos que compraron vehículos de alguna de las marcas implicadas durante los años afectados, la OCU ha lanzado un llamado a informarse y sumarse a las demandas en curso. Los afectados tienen la oportunidad de recuperar parte del sobreprecio pagado y de ver sus derechos reconocidos frente a estas prácticas injustas.