Adiós a las compras impulsivas: esta nueva ley te obligará a reparar tu lavadora antes de cambiarla

A finales de enero, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que propondría una Ley de Consumo Sostenible para regular el derecho a la reparación, la lucha contra el blanqueamiento ecológico o la protección contra prácticas desleales. Ahora, dicha ley, que pondrá el foco en la reutilización y la reparación de objetos, está más cerca de ser una realidad.

La norma también pretende “luchar firmemente contra el ecoblanqueo o greenwashing”, es decir, contra aquellas técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que no tienen respaldo científico y que son usadas por algunas empresas para publicitar sus marcas como sostenibles cuando en realidad no lo son.

Índice de reparabilidad

Así, está previsto que el Ministerio desarrolle un índice de reparabilidad que permita comparar las características de circularidad de productos en su propia etiqueta. Dicha etiqueta, que aparecería en electrodomésticos y productos electrónicos, indicaría aspectos como los años útiles previstos, ofreciendo transparencia e información para que los consumidores se decanten por un artículo u otro y también se incentive a las compañías a invertir más en este punto.

En general, la intención es incluir el derecho a reparar como principio básico, permitiendo que, siempre que sea posible, se pueda optar por reparar un producto cuando se estropee durante su garantía e incluso posteriormente.

Reducir las emisiones

Bibiana Medialdea, Secretaria General de Consumo y Juego, ha afirmado que el objetivo de la ley será "fomentar los derechos de las personas consumidoras y, al mismo tiempo, evitar que los productos sean desechados de forma prematura para reducir, así, la generación de emisiones de gases de efectos invernadero y la demanda de recursos valiosos".

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Consumidor Global

Por ello, el Ministerio prevé que la norma tendrá un gran impacto positivo a nivel ambiental, social y económico. Además, favorecerá la transición verde y un entorno de confianza para consumir.

Premios a las empresas comprometidas

Medialdea ha recalcado que esta ley "premiará al tejido empresarial comprometido con estos avances y con los esfuerzos de mejora continua de sus procesos y productos".

Por el contrario, si se demuestra que una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables sobre un producto, esto podría ser considerado una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m del Real Decreto Legislativo 1/2007 y acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal.