Telefónica ha trasladado este lunes en su segunda reunión con los sindicatos que ejecutará un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir su plantilla en España, el primero que lleva a cabo en una década tras haber optado anteriormente por planes de salidas voluntarias.
Los sindicatos aún no han sido informados del volumen de plantilla que se verá afectada por esta medida, diseñada en un principio para que se puedan acoger a ella hasta unos 5.000 trabajadores.
Inicio del proceso legal
En este contexto, Telefónica ha informado a los sindicatos de que comenzará a desarrollar el proceso legal para la implementación de esta reducción de plantilla, que pasa por convocar a los comités intercentros de Telefónica de España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles, así como avisar al Ministerio de Trabajo, entre otras cuestiones.
Fuentes sindicales señalan que la compañía ha justificado el "excedente funcional" de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, a la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al cierre del cobre y a otros elementos, como la automatización de procesos.
Aún no se conocen los detalles
En ese sentido, el proceso de resolución del ERE tiene un plazo de un mes desde la constitución de las mesas de negociación con Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.
"Los detalles y la negociación corresponderán a las mesas que cada uno de los comités intercentros deberán constituir y se acomodarán a los plazos legales marcados para ello", ha explicado UGT en un comunicado.
Nuevo convenio colectivo
"UGT, ante esto, manifiesta que cualquier plan de salidas estará ligado a la firma de un nuevo convenio de empresas vinculadas con una duración mínima de tres años que blinde a la plantilla y sus condiciones laborales y económicas. Todo ello sin menoscabo de que las personas que puedan estar afectadas por el ERE mencionado dispongan de garantías y condiciones similares a los planes de salidas anteriores", ha añadido.
En cuanto a las cifras del ERE, UGT ha aclarado que, "legalmente", ese dato solo puede darse a las mesas de negociación de cada uno de los expedientes. "Hoy lunes han continuado las reuniones con los representantes de los trabajadores para la negociación del III convenio de empresas vinculadas. Asimismo, se ha informado por parte de la empresa de la intención de realizar un despido colectivo en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones", ha indicado por su parte la operadora.
Las negociaciones se retoman esta semana
En cuanto al nuevo convenio colectivo de empresas vinculadas --el actual es una prórroga del anterior y expira el 31 de diciembre--, las negociaciones, en las que participan UGT, CCOO y Sumados-Fetico, se retomarán el próximo 30 de noviembre.
"Para UGT es necesario que la empresa, antes de acometer un nuevo ajuste de plantilla, apueste por la internalización de servicios y el reskilling con el fin de darle empleabilidad a la plantilla", ha señalado UGT.
Las líneas rojas de UGT
Además, ha señalado que concibe el debate y la confrontación de ideas como una parte esencial de la negociación colectiva, sin embargo, y a falta de conocer el detalle de los planteamientos realizados por la empresa, adelanta que las posturas de ambas partes "están alejadas".
Asimismo, UGT ha marcado sus "líneas rojas", entre las que destaca la estructura salarial, el régimen de garantías o la cláusula de revisión salarial que permite a la plantilla mantener el poder adquisitivo.
Incluir mejoras
Además, apuesta por incluir mejoras como una póliza de reembolso dental para toda la plantilla, la ampliación de beneficios sociales, el incremento y la mejora del teletrebajo, la deslocalización, una mejora y ampliación de los permisos, jornadas de 35 horas semanales y potenciar los fondos sociales, entre otros aspectos.
Por otro lado, UGT ha solicitado la paralización de la reorganización propuesta por Telefónica para su servicio de atención al cliente --cuya pieza central es el teléfono 1004-- y también de los movimientos ocasionados por el cierre de 108 edificios de "baja ocupación".