Ignacio Gómez cometió el pasado 28 de diciembre una infracción con un coche alquilado de la empresa Sixt. El importe a pagar era 90 euros. No obstante, aquella multa no fue tanta sorpresa como el “cargo administrativo por gestión e identificación del conductor sancionado” que le quería cobrar la compañía. Por suerte, el cliente tenía constancia de la sentencia que confirma que esta cláusula es abusiva. Esta vez no ha colado, Sixt.
“Evidentemente que abonaré la multa, pero en ningún caso su cargo por gestión toda vez que fue anulado por la Audiencia de Vizcaya por abusivo. Si me pasan ese cargo por la tarjeta, lo devolveré salvo que me digan que esa sentencia ha sido revertida en segunda instancia”, responde el afectado a la empresa de alquiler de coches. Por su parte, Sixt no dudó en realizar inmediatamente la cancelación de la factura correspondiente a la tasa administrativa por gestión de multas.
Sixt desobedece una sentencia
El 16 de septiembre de 2020, en una sentencia, la Audiencia Provincial de Vizcaya confirmó la resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (409/2020), y declaró nulos los cargos por gestión de multas, obligando a eliminarlos, cesar en su utilización y devolver las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de dichos conceptos. No obstante, la empresa continúa cobrando 39 euros por los trámites de multas que puedan haber puesto a los clientes tras identificar a la persona conductora.
La abogada de UB Consultores Rocío Colás señala a Consumidor Global que este tipo de cláusulas de cobro de gestión de multas pueden ser objeto de nulidad cuando se habla de consumidores y usuarios por cuanto no se cumple la premisa del "cobro de productos o servicios no efectivamente usados o consumidos" por el arrendatario que los abona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.5 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).
“Se la juegan”
“Si bien, el hecho de que exista una sentencia no obliga a la empresa a retirarlo de todos sus contratos, aunque fuera lo que deberían de hacer, pero se la juegan dado que hay mucha gente que por el importe presuponen que no van a reclamar y por tanto siguen manteniendo cláusulas abusivas”, explica Colás.
Por ello, según la abogada, lo que debe hacer el cliente es iniciar una reclamación por un medio por el que quede constancia (email con copia de leído o carta certificada o burofax) y si la empresa no se aviene a negociar iniciar algún tipo de procedimiento de arbitraje o judicial.
Quejas por ser un cargo abusivo
Antes de la sentencia, en 2019, Juan José Rodríguez ya se quejó por haber recibido un cargo de 39 euros por parte de la empresa Sixt en su tarjeta de crédito por la tasa administración por gestión de multa. “Considero abusivo ese cargo, que casi iguala la cuantía de la multa. Las empresas de alquiler de vehículos están obligadas a enviar los datos del conductor a la administración en caso de sanciones de este tipo. Lo que no veo es que esa obligación deba repercutir a los clientes. Y mucho menos con esos costes”, estalla.
“Entiendo que la compañía no me presta a mí ningún servicio cuando notifica a la administración mis datos para que me notifiquen una sanción, sino que se le está prestando a la administración, o incluso a sí misma, y es inherente a la naturaleza del negocio de dicha empresa, por lo que entiendo que no procede cobro alguno”, recalca Rodríguez. “Hay que controlar toda la letra pequeña en los alquileres de coche porque, si no, los traslados se convertirán en sorpresas a tu regreso”, añade.
Sixt lo atribuye a un error
Pese a haber una sentencia por medio, Sixt continúa intentando colar este cargo a sus clientes. “Adjuntamos la factura correspondiente al cargo administrativo por gestión e identificación del conductor sancionado. Indicarle que dicho cargo se refiere únicamente al cargo por gestión e identificación del arrendatario sancionado y no sustituye al pago de la sanción”, informan en un correo electrónico cedido por Ignacio Gómez a este medio a fecha de 27 de enero de 2023.
“Debe tratarse de un error. Una vez se publicó la sentencia señalada, no lo hemos vuelto hacer. Además, a este usuario ya le hemos realizado la devolución”, subrayan a Consumidor Global. “El juzgado declaró que la cláusula no era válida. Por supuesto, respetamos las decisiones judiciales y las cumplimos. Ya no estamos aplicando la cláusula”, finaliza la empresa, que, sin embargo, aún sigue cometiendo estos “errores”.