¿Qué es la ley de la cadena alimentaria?

La ley de cadena alimentaria entró en vigor en diciembre de 2021, y desde entonces ha provocado sanciones por valor de casi 14 millones de euros. La distribución ha sido el actor de la cadena que ha recibido más multas. En general, la normativa persigue un cambio de paradigma en las relaciones comerciales que ha obligado a las empresas a transformar sus métodos.

Como principal novedad, la ley prohíbe la venta a pérdidas, lo que hace que nadie puede cobrar menos de lo que le cuesta poner su producto en el circuito comercial. Puede parecer lógico, pero en el primer eslabón de la cadena alimentaria, donde estos movimientos se calculan al céntimo, llevan décadas clamando para evitar perder dinero por producir.

Dia y Carrefour, entre las multadas

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha publicado el primer informe trimestral con los nombres de las empresas que la han incumplido y la cuantía de las mismas, que suman más de 212.000 euros solo en el primer trimestre. Entre ellas, grandes cadenas de distribución como Grupo DIA y Carrefour, junto a industrias cárnicas, bodegas muy conocidas como Murviedro o García Carrión y empresas lácteas, entre otras.

Todas ellas han incumplido el artículo 23.2 de la norma que regula las infracciones graves, en concreto, no formalizar por escrito los contratos alimentarios o no incorporar en el contrato alimentario el precio recogido.

Contratos con precios fijos

Firmar un contrato con un precio fijo puede parecer también un básico a la hora de establecer una relación comercial, si bien es uno de los motivos que han supuesto sanciones ya firmes a nueve empresas. Se trata de evitar la "venta a resultas", esto es, que los vendedores entreguen la mercancía a unos compradores sin conocer el precio y, cuando el comprador consigue vender el producto a un tercero, éste liquida al primer vendedor.

En otras palabras, se paga al proveedor inicial en función del precio por el que luego se vende, lo que supone un importante desequilibrio. Para avanzar en esta transparencia, desde organizaciones agrarias como COAG se viene reclamando con ahínco otra de las medidas que prevé la norma: la publicación actualizada de los estudios de cadena pendientes y publicación de índices de referencia de precios, una de sus funciones recogidas por la Ley desde hace una década.

Registro de documentos

Cuando aún hay empresas que trabajan sin contratos y son sancionadas en firme por ello, la ley obligará a registrar todos los contratos que se realicen con productores u organizaciones de productores. De momento este registro, que será solo lo que el ministro ha llamado un "repositorio de documentos", funciona de manera voluntaria, pero a partir del 1 de julio será obligatorio.

Los millones de euros en sanciones y la transparencia que ha llevado a hacer públicas los nombres de las compañías sancionadas son las armas para hacer frente a la resistencia a cambiar unas relaciones comerciales que están, ahora más que nunca en un contexto de inflación, vigiladas al detalle.