Un estudio del centro de investigación Funcas ha propuesto crear un impuesto sobre los billetes de avión e instaurar una tasa municipal de congestión para el tráfico de determinadas ciudades. El objetivo no es otro que reducir la contaminación y cumplir con los objetivos medioambientales propuestos por España y Europa.
En el documento El futuro de la energía, los expertos concluyen que el actual sistema fiscal no contribuye de forma eficaz al logro de los compromisos españoles en el ámbito medioambiental. Así, recomiendan reducir la carga fiscal general que soporta la electricidad, pero con un efecto progresivo, aunque son conscientes de que esto podría causar un impacto negativo en las arcas del Estado y en el medioambiente.
Nuevos impuestos compensatorios
Por ello, instan a compensar esta bajada con la reforma de la tributación de los combustibles de aviación, marítimos y agrarios, estableciendo, por ejemplo, un impuesto sobre los billetes de avión o creando nuevos impuestos municipales sobre la congestión del tráfico en algunas ciudades.
El documento advierte de que la ambición climática de España debe afrontar importantes retos tecnológicos y sociales para alcanzar el objetivo de ser una economía neutra en carbono en 2050, tales como electrificar al menos la mitad de la economía, desarrollar nuevos vectores energéticos como el hidrógeno y transformar sectores clave como el transporte, los edificios o la industria.
Despliegue de recursos
Por eso, constata que esta transición va a requerir un volumen ingente de recursos económicos, siendo necesario multiplicar por hasta cinco veces la tasa anual de instalaciones renovables o por 25 el despliegue de baterías. También estima que habrá que doblar la inversión actual anual en infraestructuras energéticas durante las próximas tres décadas.
Por último, también precisa que el sector de la rehabilitación energética de edificios es crítico para alcanzar la neutralidad climática, toda vez que supone un 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, esto requiere una inversión de entre 10.000 y 30.000 euros por habitante en los próximos ocho años, que se sitúa muy por encima de los presupuestos municipales habituales.