La venta de un alimento por debajo de los costes de producción (venta a pérdidas) será sancionada con un máximo de 100.000 euros y un mínimo de 3.001 euros. Así lo establece la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe esta práctica.
El sector primario llevaba años reclamando la adopción de esta medida. En los últimos meses, las protestas del campo se han intensificado, lo que ha posibilitado que la Administración escuche sus reclamaciones. Ahora se tipifica como infracción grave y, si se descubre que ha sido una práctica reiterada, "puede pasar a muy grave", es decir, entre 100.001 y un millón de euros.
Las multas pueden afectar a la reputación
Más allá de las cuantías, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha puesto el foco en la publicidad de las sanciones graves y muy graves por la afectación a la "reputación" que puede tener para la empresa que la incumpla la ley.
Por tanto, la venta a pérdidas se penaliza, de forma generalizada salvo en dos excepciones: los productos perecederos antes de que se estropeen y los descuentos y promociones aplicados por las cadenas de distribución al consumidor, que deberán ser asumidos por estas empresas y no se contabilizarán a la hora de calcular el coste.
Los contratos, por escrito
La modificación incrementa las sanciones previstas si no se cierran los contratos por escrito: en la Ley de 2013 era una infracción leve y ahora pasa a ser grave.
Se obliga también a incluir en los contratos que firman los agricultores con los fabricantes y supermercados el coste de producción original cuyo cálculo cerrarán de mutuo acuerdo las partes o bien se guiarán por índices de referencia públicos que, según el ministro, ya están disponibles y se irán ampliando.
Costes de semillas, herbicidas y promociones engañosas
En ese sentido, se podrán tener en cuenta factores tales como los costes de las semillas y las plantas de vivero, energía, herbicidas, fitosanitarios o costes laborales. Además, a partir de ahora se prohíben las "promociones de carácter engañoso" que inducen a "error" sobre el precio e imagen de los productos.
Las organizaciones de consumidores y usuarios habían mostrado su preocupación por el posible encarecimiento del precio del producto en el punto de venta como consecuencia de estas medidas, pero Planas no cree que vaya a suceder: "Si cada uno consigue asumir su responsabilidad en la cadena alimentaria es perfectamente posible que el precio de venta al público no se incremente".
Pagos fraccionados
El paquete de medidas incluye otras novedades, como permitir el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad o la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura.
Asimismo, se amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que controle los alojamientos destinados a temporeros.