Menos cajeros y derechos, más buses y parches: las cifras del drama del cierre de oficinas bancarias

Sacar dinero es una operación sencilla, aséptica y banal en muchos casos. Presionar unos botones, esperar unos segundos y listo. No obstante, en determinados lugares es un privilegio, y no por la cantidad que haya en la cuenta, sino por una mera cuestión física: en España, miles de cajeros han cerrado en los últimos años, arrebatando a los clientes de zonas rurales la posibilidad de hacer un ingreso o retirar efectivo. Por ejemplo, a finales de diciembre saltó la noticia de que Unicaja Banco eliminaba el único cajero automático de Urueña (Valladolid, 100 habitantes).

“La batalla del mundo rural contra los bancos está perdida de antemano”, publicó en X (antigua Twitter) el ayuntamiento de la localidad castellana. Por suerte, la Diputación de Valladolid salvó los muebles anunciando que incluiría el municipio en la red del Cajero Móvil, una solución que, si bien no satisfizo a todos, permitirá a muchas personas mayores sacar su dinero. 

Más de 700.000 afectados hace dos años

Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, explica a Consumidor Global que a cierre de 2021 un total de 3.389 municipios de España no disponían de ningún tipo de acceso presencial a los servicios bancarios. En estos municipios residían entonces más de 700.000 personas. El cierre de cajeros en zonas sensibles, considera este experto, es un asunto de máxima importancia. 

“Impide en la práctica el derecho a disponer de un bien personal y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago que consideren más conveniente, limita la actividad económica y genera un problema de exclusión social”, explica.

La hoja de ruta de la patronal

Para atajar el problema, en octubre de 2022, la Asociación Española de Banca (AEB) firmó junto con otras dos patronales (la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA; y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, Unacc) una hoja de ruta para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales. Un año más tarde, en noviembre de 2023, la presidenta de la AEB indicó que iban por buen camino.

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“200.000 personas tendrán acceso a servicios financieros en zonas rurales en poco más de un año”, aseguró entonces Alejandra Kindelán. “Un año después de adquirido el compromiso, tras la puesta en marcha de licitaciones públicas (con elecciones de por medio), firma de convenios de colaboración y la disposición de las entidades… El 93 % de esos municipios tienen –o está ya licitado-- ese punto de acceso; a través de cajeros, ofibuses, oficinas, agentes financieros y oficinas de correos”, señaló la AEB en un comunicado.

Menos sucursales, más beneficio

Es cierto que los buses y las oficinas de correos pueden funcionar como parche, pero la realidad es que la banca española, que en 2023 batió récord de beneficios con ganancias de casi 26.000 millones de euros, sigue cerrando cajeros. Un artículo de Beatriz Torija publicado en noviembre en 65 y Más señalaba, citando datos del Banco de España, que “a mitad de año había en España 17.597 sucursales, 516 menos que un año antes. Es el nivel más bajo desde diciembre de 1975”.

“El potencial deterioro en el acceso presencial a los servicios bancarios plantea un reto de considerable calado para las entidades bancarias y las administraciones oúblicas en términos de la vulnerabilidad de determinados colectivos de la población ante el riesgo de exclusión financiera”, describe Balado. A su juicio, el proceso de cierre de oficinas bancarias se inscribe en la progresiva digitalización del negocio bancario y la reestructuración del sector tras la crisis financiera global, que coincide además con el envejecimiento de la población y la despoblación rural.

Medidas de los bancos

Una de las figuras que han desarrollado los bancos para permitir que las personas que lo necesiten puedan tener cash es la del agente financiero: “Personas físicas o jurídicas a las que una entidad de crédito otorga poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de dicha entidad, en la negociación o formalización de operaciones típicas de su actividad”, describe Balado. Es decir, dejar el control a otra persona que debe ser de máxima confianza.

Otra solución es la implantación de las oficinas móviles (ofibuses), “que ofrecen un servicio prácticamente equivalente al de una oficina convencional, aunque en general con un horario más reducido”, explica el experto de OBS. “Al cierre de 2021, los denominados ofibuses prestaban servicio en nuestro país a cerca de 200.000 personas residentes en 389 municipios sin oficina bancaria”, precisa Balado. 

Inversión en ofibuses 

Evidentemente, los bancos son empresas privadas que persiguen los beneficios, pero a veces las administraciones tienen que rascarse el bolsillo más de lo que les gustaría para sacar adelante estas opciones, que tampoco tienen efectos milagrosos. Por ejemplo, el verano pasado la Diputación de León anunció que había cerrado un contrato con CaixaBank para garantizar el acceso a servicios bancarios básicos y al asesoramiento financiero a los pueblos que carecen de ellos “mediante la dotación de una flota de tres vehículos que recorrerán toda la provincia”. 

Había entonces 132 municipios leoneses que carecían de acceso presencial a la banca. “Caixabank ofrecerá este servicio por un importe de 312.167 euros y un periodo de un año prorrogable por otros dos”, se dijo entonces. Pero la disponibilidad es muy limitada, y el horario del bus, estricto. Por ejemplo, en Cabrillanes (700 habitantes) el bus solo pasa dos veces al mes, y lo hace de 9:30 a 10:30 horas. Es decir, que los clientes de un banco, que no pertenecen al mismo de forma gratuita, tienen dos horas al mes para realizar sus operaciones.

La opción del Cashback 

La tercera opción pasa por los puntos de venta TPV con cashback, que ofrecen la posibilidad de recoger dinero en efectivo al realizar la compra. “No obstante, esta forma de acceso al efectivo sigue siendo minoritaria en España. Tan solo un 9% de la población conoce el cashback o el cash-in-shop, y aproximadamente un 4 % los habría utilizado ocasionalmente”, indica el experto de OBS.

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Con todo, Balado cree que existe “una firme voluntad” por parte del sector bancario para hacer viables sus objetivos y reducir la brecha. El experto menciona que Correos cuenta con una red de 4.665 puntos de atención al ciudadano (2.386 oficinas y 2.279 puntos de atención rural), “que pueden ofrecer servicios bancarios presenciales a más de 600.000 personas en cerca de 600 municipios sin sucursal bancaria”. El profesor de la OBS va más allá y cree que la buena experiencia con Correos “podría adaptarse a otras redes de gran capilaridad en el territorio, como pueden ser farmacias, estancos, despachos de loterías, gasolineras, etc.”.

A partir de 500 habitantes

“Para aquellos municipios con más de 500 habitantes sin punto de acceso presencial a servicios financieros —243 municipios en los que residen unas 211.000 personas—, el compromiso adquirido consiste en asegurar al menos un punto de acceso a través de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles o agentes financieros”, describe Balado.

“En segundo lugar, para los municipios con menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros —2.987 municipios en los que residen en torno a 446.000 personas—, se asume el compromiso de ofrecer servicios bancarios básicos, garantizando el acceso al efectivo a través de alguna de las modalidades o soluciones como el cashback o los carteros rurales”, afirma el experto.

Mantener el punto de acceso

En el caso de los municipios con un único punto de acceso físico a los servicios bancarios, las asociaciones se comprometieron a intentar mantener dicho punto de acceso al menos durante el período de 12 meses en el que se atienden los dos compromisos anteriores y se comprobaba su efectividad.

Además, dice Balado, las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios “se comprometen a comunicar esta decisión a los clientes con un plazo de antelación de al menos cuatro meses –salvo imposibilidad sobrevenida, en cuyo caso este plazo sería de dos meses-- y a incorporar dichos municipios a los objetivos desarrollados en la hoja de ruta”. No obstante, no fue así en el caso de Urueña. “Recibí un correo este martes, 26 de diciembre, por parte de Unicaja, en el que me anunciaban que el viernes vendrán a retirar el cajero. En principio, salvo milagro, no hay vuelta atrás”, explicó el alcalde del municipio a El Español. 

Análisis continuos

Para comprobar si los objetivos se están alcanzando, la hoja de ruta contempla encargar análisis continuos “a un experto independiente”, señala Balado.

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“Las asociaciones bancarias también elaborarán informes de situación trimestrales con el seguimiento a las actuaciones comprometidas”, añade. El Banco de España también hará su parte.

Trabajo pendiente 

Con todo, el optimismo es aceptable, pero no el triunfalismo. “Según el informe del BCE (Report of the Euro Retail Payments Board on Access and Acceptance of Cash, 2021), las organizaciones de consumidores europeas coinciden en que no debería haber una distancia superior a 5 km entre dos cajeros, siempre teniendo en cuenta las circunstancias geográficas y la densidad poblacional, de forma que en España queda aún trabajo por hacer”, concluye Balado.

Consumidor Global ha contactado con la Asociación Española de la Banca, desde donde se han limitado a enviar informes ya publicados, pero no han contestado preguntas concretas sobre la situación de las personas que viven en zonas rurales y se enfrentan, de un día para otro, al cierre del único cajero de su localidad. Tampoco han querido responder a si consideran que la banca hace todo lo posible para que los cierres de cajeros sean lo menos dañinos posible.