La tramitación del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, ahora pendiente de informe en el Senado, decaerá el próximo miércoles, cuando se disolverán las Cortes tras la convocatoria adelantada de elecciones generales para el 23 de julio.
Es una de las principales normativas relativas al sector agroalimentario que quedan paradas tras la disolución del Parlamento. Esta ley pretendía frenar de una vez por todas el desperdicio de alimentos, e implicaba a todos los agentes de la cadena alimentaria (supermercados, bares, restaurantes…), que estarían obligados a elaborar un plan de prevención para evitar el desperdicio de comida.
Una norma que se debía aprobar en junio
La nueva incluía medidas muy diversas como, por ejemplo, la obligación de los restaurantes a informar a los clientes de que se pueden llevar las sobras. Asimismo, se establecían sanciones que iban desde los 2.001 hasta los 60.000 euros en las infracciones graves, como no donar los alimentos excedentes a entidades sociales. Estaba previsto que la norma se aprobase definitivamente a lo largo del mes de junio.
Es así porque se trata de un proyecto de ley y la Diputación Permanente, que velará por el funcionamiento de ambas cámaras durante este período electoral, sólo puede votar la convalidación o derogación de los reales decretos leyes que apruebe el Ejecutivo o ejercer las competencias propias del Pleno en relación a la aplicación de los estados de alarma, sitio y excepción.
Decreto para combatir la sequía
Por eso mismo, el nuevo real decreto para hacer frente a los efectos de la sequía tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente, cuando estaba prevista su aprobación en el pleno del Congreso este mismo jueves.
Además, en el Parlamento decaerán las tramitaciones de proposiciones de ley, como una de Unidas Podemos sobre la mejora de las condiciones de trabajo y protección social de las personas trabajadoras agrarias por cuenta ajena y de los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura; u otra sobre medidas para garantizar, dentro del servicio universal, el acceso a internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales.
Trasvase Tajo-Segura, Doñana y regulación del cannabis
También había registrada una PL presentada por Murcia sobre el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura; otra de Unidas Podemos sobre el reconocimiento de personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección; e incluso una sobre regulación integral y control del cannabis en personas adultas, que recoge aspectos sobre su cultivo.
Más propuestas en tramitación que podrían afectar al sector agroalimentario son iniciativas parlamentarias para la recuperación de garantías ambientales y la participación ciudadana en la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos y una proposición sobre cambio climático y transición energética. También estaban en tramitación una iniciativa parlamentaria sobre cambios en la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y una PL relativa a la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales.