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Guerra a Airbnb: Florencia prohíbe nuevos alquileres turísticos
La turística ciudad toscana ha tomado esta medida adoptada por las autoridades locales para intentar liberar más viviendas para residente
Florencia y sus residentes le han declarado la guerra a Airbnb al prohíbir nuevos alquileres turísticos en su centro histórico. Las normas, aprobadas por la ciudad toscana, también ofrecen tres años de exenciones fiscales a los propietarios de viviendas de alquiler a corto plazo si cambian a contratos de arrendamiento ordinarios, según informan desde Reuters.
Es la última medida adoptada por las autoridades locales para intentar liberar más viviendas para los residentes. El alcalde de Florencia, Dario Nardella, explicó que la ciudad había decidido actuar a nivel local porque los planes del Gobierno para regular el sector habían sido decepcionantes.
El potencial problema
“En 2016 teníamos algo menos de 6.000 apartamentos registrados en Airbnb, hoy tenemos casi 14.378”, ha expuesto Nardella, señalando que durante ese tiempo el coste medio de los alquileres residenciales mensuales ordinarios se había disparado un 42%. Este año, los precios han subido un 15,1 %, según ha afirmado, quien añadió: “Los 40.000 florentinos que viven en el centro se quejan de encontrarse, de repente, viviendo en apartahoteles”.
Al igual que en otros países europeos, una mezcla de bajos salarios, escasez de propiedades, alquileres vacacionales de corta duración y alta inflación han alimentado una crisis de la vivienda en Italia, en la que se ven especialmente afectados los estudiantes y las personas con bajos ingresos.
La medida del Gobierno
El Gobierno central está trabajando en un proyecto de ley que, según los medios de comunicación, exigiría una estancia mínima de dos noches en las viviendas situadas en los centros históricos de las ciudades y en los municipios con alta densidad de turistas.
Cada propiedad residencial alquilada a turistas necesitaría un código de identificación nacional para ayudar a rastrear y regular los alquileres. Los incumplidores se arriesgarían a una sanción de hasta 5.000 euros.
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