A la garantía de dos años le quedan dos semanas. Parece un acertijo, pero es un hecho: a partir de enero de 2022, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios quedará modificada y ese periodo pasará de dos a tres años. La intención, según explicó el Gobierno, es alargar la vida útil de los productos y poner en valor la economía circular.
En este sentido, la ley podría, a priori, beneficiar a los consumidores. Los clientes tendrán derecho a la reparación o la sustitución de un producto cuando éste no tenga la durabilidad establecida. Además, las piezas de estos productos (como electrodomésticos) deberán estar disponibles diez años después que se deje de fabricar.
Énfasis en la reparabilidad
Entre las novedades sobresalen los servicios digitales (como libros electrónicos), que por primera vez estarán protegidos por una garantía de dos años. Estos cambios están en consonancia con la normativa europea, que determina la obligación del vendedor a “reparar, sustituir, hacer un descuento o reembolsarle el importe de su compra siempre que el producto esté defectuoso o no corresponda a lo anunciado”.
En esta línea, las ventajas se extienden al índice de reparabilidad, un etiquetado con el que el Ministerio de Consumo pretende que el consumidor sepa qué productos electrónicos duran más y cuáles se pueden reutilizar.
Posible encarecimiento
No obstante, la medida, presentada como sostenible, no ha sentado bien a todos los sectores: algunos fabricantes españoles han señalado que provocará subidas de precio que, a su vez, moverán a los clientes a decantarse por productos más baratos de otros países
Por ejemplo, este ‘derecho a reparar’ se antoja peliagudo para los vendedores de móviles u ordenadores, puesto que deberán aumentar de manera muy notable el almacenamiento de componentes que ahora se renuevan constantemente. Los productos tecnológicos tendrán una garantía de diez años, algo que, en tiempos de la obsolescencia programada, se antoja excesivo para algunas empresas.