El sector financiero ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una propuesta para ayudar a los clientes vulnerables a hacer frente al pago de sus hipotecas que contempla extender el plazo de amortización de los préstamos en hasta cinco años.
Así lo recoge el borrador de real decreto por el que se aprobaría este protocolo temporal de extensión de plazos para los afectados por el incremento de tipos de interés. Se podrán acoger los afectados por la subida del Euríbor, siempre que el plazo de amortización del préstamo no supere los 40 años desde su concesión y que la cuota resultante de la novación no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo.
Requisitos para acogerse a la ayuda
Para acogerse a la medida, los deudores deben cumplir con una serie de requisitos, como que su hipoteca se haya encarecido un 30 % tras la actualización de tipos, que los ingresos familiares no superen tres veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) anual en 14 pagas (es decir, 24.318 euros al año) y que, tras la revisión de tipos, la cuota hipotecaria supere el 40 % de los ingresos netos de la unidad familiar.
Una vez que un cliente solicite la modificación de las condiciones de su hipoteca con el nuevo protocolo, las entidades tendrán un plazo de 45 días para dar una respuesta. Por su parte, las entidades deberán informar al Banco de España sobre las operaciones que formalicen en virtud del protocolo y también a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse al mismo, facilitando la información en su red de oficinas y a través de su página web.
Medida de adhesión voluntaria
Una vez que el banco y el cliente acuerden la ampliación del plazo de amortización, el principal pendiente del préstamo se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas y continuará devengando el interés que corresponda conforme a las cláusulas inicialmente pactadas. Gracias a la extensión del plazo, se reducirá el importe de las cuotas periódicas del préstamo que resultarían del incremento del tipo de interés.
El protocolo estará en vigor durante 12 meses desde la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley y será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito. Eso sí, los bancos que se adhieran al protocolo estarán obligados a aplicar las medidas que este contiene cuando el deudor acredite que se encuentra dentro del ámbito de aplicación establecido.
Un acuerdo que no está cerrado
Si bien desde las patronales del sector financiero (AEB y CECA) no han hecho comentarios sobre esta propuesta, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha apuntado que se trata de "un principio de acuerdo que no está cerrado por completo".
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha valorado de forma positiva "el compromiso y la implicación" que están demostrando las entidades para encontrar soluciones y "minimizar el impacto negativo" de la subida.