Grabar una conversación sin permiso puede constituir, en determinados casos, un delito grave contra la intimidad. Así lo recuerdan desde Dexia Abogados, donde indican que el artículo 197.1 del Código Penal contempla una pena máxima de hasta cuatro años de cárcel para la persona que cometa este delito.
No obstante, hay excepciones: el Tribunal Supremo reconoció en 2016 que es legal grabar conversaciones sin consentimiento siempre que la persona que graba sea parte de la charla, según recuerda Onda Cero. Pero si los interlocutores no son avisados, se podría cometer un delito contra la intimidad.
Conversaciones grabadas para un juicio
Si las grabaciones se utilizan como pruebas para denunciar un hecho (por ejemplo, una trama de corrupción), los registros de voz serán válidos si se tratan de conversaciones mantenidas libremente en las que participa la persona que graba.
No obstante, en determinados sectores hay suspicacias. Por ejemplo, en 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias propuso una multa de 500 euros para el magistrado Salvador Alba por grabar clandestinamente a sus compañeros. El letrado había activado una grabadora durante una reunión informal con los otros cuatro magistrados que en aquella época componían la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
Conversaciones en la calle
Con las grabaciones en la calle hay más matices. Por ejemplo, si una persona está grabando un audio de WhatsApp o un vídeo mientras camina y, sin querer, capta un fragmento de una conversación ajena, no estaría cometiendo delito alguno.
Pero si lo hace a propósito y las personas grabadas se dan cuenta, pueden procesar una demanda, tal como describe la Constitución Española, la Ley 1/1982 de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa de protección de datos.
Grabaciones en casa
Si en un audio grabado en casa aparecen otras personas, estas tienen derecho a elegir si quieren que esa conversación sea distribuida. De lo contrario, se vulneraría su derecho a la intimidad.
Dentro del ámbito laboral, las empresas deben cumplir con la Ley de Protección de Datos para instalar cámaras de videovigilancia.