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Consumo investiga los convenios firmados por la OCU con medio centenar de grandes empresas
El Gobierno revisa los acuerdos de la principal asociación de consumidores española con diversas compañías de las que cobra una comisión a cambio de conseguir clientes, tras una denuncia de su principal competidora, Facua, por falta de transparencia
El Ministerio de Consumo investiga 47 convenios firmados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con grandes empresas para comprobar si las comisiones que cobra esta entidad están dentro de la legalidad y si estos acuerdos comprometen su independencia.
Las indagaciones por parte del Gobierno se pusieron en marcha en noviembre pasado, tras una denuncia administrativa de Facua –principal competidor de la OCU–, según ha revelado este martes El País.
Falta de ética y transparencia
Los convenios investigados se remontan a 2018 y afectan a la estrategia de la OCU para financiarse. Una fórmula que en los últimos tiempos ha generado dudas por su falta de ética y de transparencia.
Entre los métodos utilizados por la OCU para captar fondos y que han sido puestos en cuestión se incluye la interposición de demandas judiciales contra grandes compañías como Google, Facebook y Hewlett-Packard para, después, retirarlas tras alcanzar acuerdos millonarios con ellas.
Comisiones a cambio de captar clientes
La OCU ofrece, supuestamente, tarifas mejoradas con empresas para captar clientes, de los que cobra una comisión. Y elabora y difunde estudios comparativos de los mejores y peores productos en todos los ámbitos de consumo.
Un sistema que ha sido criticado por Facua pero que la OCU asegura que no influye en su independencia para ni en su labor de defensa del consumidor frente a los abusos de las compañías.
“Conflicto de intereses”
Los convenios denunciados por Facua, que según esta entidad podrían vulnerar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, incluyen acuerdos de la OCU con empresas de intermediación financiera, empresas de luz y electricidad, planes de pensiones y compañías telefónicas. Destacan empresas como Repsol, MasMóvil y Yoigo.
Según Facua, se trata de convenios “inaceptables”, pues generan situaciones de “conflicto de intereses” que hacen inviable que la OCU fiscalice las prácticas abusivas de las empresas con las que se lucra mediante el cobro de comisiones.
Consumo prepara cambios en la normativa
De hecho, Consumo está estudiando cómo abordar esta situación, para lo que está preparando instrucciones que concreten el desarrollo de la legislación vigente. El objetivo es obligar a que las asociaciones de consumidores sean más transparentes e informen de los convenios que tengan con empresas a las que incluyan en los informes de comparativas de productos.
En la actualidad, las asociaciones de consumidores están obligadas a informar al Ministerio de Consumo de esos convenios, pero este no los verifica salvo que haya alguna denuncia.
Un conglomerado internacional que factura millones
La OCU forma parte de un conglomerado internacional, Euroconsumers, dirigido desde Bélgica y Luxemburgo, que factura millones de euros. Y la transparencia nunca ha sido su fuerte. De hecho, hasta hace pocas semanas no hizo públicos los miembros que formaban sus órganos de gobierno, pese a que tiene casi medio siglo de existencia.
Respecto a la opacidad de los convenios firmados con empresas, y por qué no los muestra en su página web, la entidad alega que cumple la ley al entregarlos al ministerio.
Críticas de empresas
Sin embargo, no faltan los empresarios que critican los métodos de la OCU. En 2015, el consejero delegado de Pepephone, Pedro Serrahima, les acusó de querer hacer de meros distribuidores a cambio de una comisión, sin realizar una puja abierta de las mejores ofertas.
El exconsejero delegado de Puleva Gregorio Jiménez también arremetió hace unos años contra una comparativa de productos lácteos realizada por la OCU por su falta de transparencia.
El caso de Hewlett-Packard
Una de las actuaciones más polémicas es el acuerdo que firmó el año pasado Euroconsumers con Hewlett-Packard por 1,4 millones de euros para compensar a los consumidores europeos por un contratiempo con sus impresoras. La asociación renunció de esta forma a una demanda colectiva con la que había amenazado un año antes.
Euroconsumers debía canalizar el dinero hacia los afectados (50 euros a cada uno) pero apenas 600 clientes presentaron reclamaciones por lo que la mayor parte de los 1,4 millones de euros se quedó en las cuentas de la asociación.
La batalla OCU-Facua
La OCU es la más importante de las ocho asociaciones de consumidores registradas en el Ministerio de Consumo, seguida de Facua. Tiene 192.000 socios (frente a los 300.000 con los que contaba en 2011) a los que cobra 12 euros al mes. Es decir, factura por este concepto algo más de 27 millones al año, lo que supone casi el 90% de sus ingresos, que ascienden a 31 millones.
Facua, por su parte, su gran rival, cuenta con 43.000 afiliados. Y desde hace tiempo ha realizado todo tipo de actuaciones para reclamar mayor transparencia por parte de su principal competidor en el ámbito de las asociaciones de consumidores.
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