El Ministerio de Consumo de Alberto Garzón tiene bajo la lupa a varias aerolíneas low-cost por supuestas irregularidades en su política de equipajes de mano y asignación de asientos. En concreto, la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo investiga a siete compañías que operan en territorio nacional. Son grandes nombres: en total, estas aerolíneas aglutinan una cuota de mercado por encima del 30 % tanto dentro como fuera de Europa, por lo que sus prácticas afectan a millones de pasajeros.
Las prácticas irregulares incluirían el cobro como extras de servicios que, generalmente, son necesarios e imprescindibles para los pasajeros a la hora de viajar. "Es el caso, por ejemplo, del cobro de un importe adicional o suplemento por llevar una maleta en cabina sin facturar o por seleccionar un asiento, incluso en el caso de menores de edad o personas dependientes", afirma Consumo.
Prácticas "abusivas o desleales"
"El Ministerio de Consumo, al amparo de sus nuevas competencias sancionadoras ante fraudes masivos, estudia si este tipo de prácticas comerciales por parte de compañías low cost son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo". También se está analizando si, a través de herramientas como la segmentación de precios, los operadores podrían estar obteniendo "posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda".
Por otra parte, los "comparadores de vuelos online" podrían estar ofreciendo precios "muy inferiores a los que realmente termina pagando el consumidor". Si las infracciones se consideran graves, podrían sancionarse con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pero estas cantidades podrían multiplicarse hasta alcanzar "entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido o hasta el 4 % de la facturación" si se confirmasen como prácticas generalizadas en el seno de la UE.