El tiempo de espera para desalojar a los okupas en España sigue aumentando, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El plazo medio actual ha alcanzado los 20,5 meses, incluyendo los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales. Este incremento supone más del doble de tiempo en comparación con hace cuatro años, cuando el promedio se situaba en 4,9 meses en todo el país.
Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Legal Barcelona, apunta al “mal funcionamiento” de la Administración de Justicia, tanto por la falta de medios como por las diferentes huelgas convocadas, como el principal responsable de este problema. “A este contexto hay que sumar la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, que exige todavía más requisitos para interponer un procedimiento judicial de estas características a los propietarios, que cada vez más optan por la venta frente al alquiler”, detalla.
Una tendencia al alza que debe solucionarse
Estas cifras representan los valores más altos registrados en la serie histórica del CGPJ y elevan el plazo medio total en más de dos meses en comparación con el año anterior. Considerando los promedios autonómicos de las Audiencias Provinciales, cuatro de estas regiones se sitúan por encima de la media nacional, con periodos de espera superiores. Estas regiones son Andalucía (22,5 meses), Baleares (23,2 meses), Canarias (23,5 meses) y Castilla y León (31,5 meses).
En este contexto, la abogada pronostica un aumento todavía mayor de los tiempos de espera y recuerda la necesidad de dotar a la Administración de Justicia de los medios -materiales y humanos- necesarios para asumir la carga de trabajo y acabar con la saturación actual.
Medidas policiales
“También deben establecerse medidas policiales, como en nuestro entorno europeo, para que no sea necesario llegar a estos procedimientos, sino que se puedan realizar desalojos inmediatos en aquellas situaciones que son claras”, comenta la experta.
Además, Goenaga añade que, “en definitiva, modificar la tendencia legislativa para que los propietarios puedan defender sus derechos correctamente y no tengan que suplir al Estado en su función de dar una vivienda a todos los ciudadanos”.