La OCU y Facua, dos de las asociaciones de consumidores más relevantes de España, mantienen un largo enfrentamiento que este verano ha escrito un nuevo capítulo. Facua ha ganado una batalla a la OCU para conocer la procedencia de los ingresos que esta entidad (y una mercantil suya) han obtenido de las empresas en los últimos años.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (un organismo público independiente adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de velar por la transparencia de las administraciones y el acceso de los ciudadanos a la información pública) ha emitido una resolución (189/2022) en la que ordena al Ministerio de Consumo entregar a Facua los convenios firmados por OCU (y su mercantil) con las empresas y depositados en dicho departamento. Una información que el ministerio se había negado a entregar a Facua.
Trabas del Ministerio de Consumo
A principios de este año, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez García, solicitó al Ministerio de Consumo “los textos de los convenios de colaboración firmados con empresas por OCU y OCU Ediciones SA” desde 2017, unos 44, según la información que tenía el solicitante. La entidad invocaba la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).
Sin embargo, el 14 de marzo, el ministerio rechazó su petición apelando a que esos datos se rigen por “un régimen jurídico específico de acceso a la información”, y le instaba a dirigirse a la Dirección General de Consumo y concertar una cita para acudir en persona a su sede, en la calle Príncipe de Vergara, 54 de Madrid, donde consultar esa información.
Facua vs. Consumo
Disconforme con esa respuesta, el dirigente de Facua reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sánchez argumentó que la ley de transparencia deja muy claro que esa información es pública y prevé su acceso por vía electrónica, reservando fórmulas alternativas de acceso a casos que la normativa establezca de forma específica. Y este no es uno de ellos.
En cambio, desde Consumo, alegaron que “al no haber desarrollo reglamentario, la Dirección General ha optado por el acceso en la sede de la DGC, teniendo en cuenta el gran volumen de información depositada por todas las asociaciones inscritas y el carácter indiscriminado de las solicitudes de acceso a la información que se reciben, tanto en cuanto a la cantidad de la información a la que se solicita el acceso como al tipo de información”.
Diez días para entregar la información
Finalmente, en una resolución emitida este mes de agosto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación de Facua.
Por ello, ha ordenado al Ministerio de Consumo que, en el plazo máximo de diez días, remita a la entidad “los textos de los convenios de colaboración firmados con empresas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su empresa OCU Ediciones SA, depositados en la Aecosan o la Dirección General de Consumo en los últimos 5 años”, así como “la relación de ingresos económicos obtenidos por OCU o por OCU Ediciones SA en el marco de dichos convenios”.
Las sospechas de Facua
En un comunicado, Facua apunta a Repsol, Cepsa, MásMóvil y Facebook como algunas de las empresas que financian a la OCU. “OCU forma parte de un grupo de organizaciones y sociedades mercantiles con sedes en España, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil, Países Bajos, Luxemburgo y Hong Kong. A través de una de esas sociedades viene recibiendo dinero por cada cliente captado para firmas como Repsol, Cepsa y MásMóvil mediante la contratación de algunas de las ofertas que ganan las denominadas ‘compras colectivas’, celebradas por la entidad desde 2013”, señala la asociación con sede en Sevilla.
“OCU no ha publicado el contenido de ninguno de las decenas de convenios que mantiene con empresas, como tampoco ha dado a conocer cuánto dinero ha recibido de ellas en los casos en que hay contraprestación económica”, insiste Facua.