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Así regulará el Gobierno la alimentación saludable en los comedores escolares
Con la nueva normativa se pretende impulsar un mayor consumo de productos frescos y de proximidad
El comedor del colegio. Aquel lugar dentro del centro que mezclaba los olores de diversos platos, creando un espacio agobiador con la banda sonora de niños y niñas gritando. Esa carne chiclosa, esas verduras insípidas, esos fritos aceitosos, o esas natillas azucaradas. El Gobierno ha querido meter el cazo en la olla y regular, de esta manera, la alimentación saludable en los comedores escolares.
Así lo contempla el proyecto de Real Decreto de Comedores Escolares, que está previsto que se apruebe para el segundo semestre de 2023.La normativa, impulsada por el Ministerio de Consumo y consultada ya con las comunidades y los sectores afectados, se prevé implantar en los centros educativos públicos, concertados y privados de Infantil (2º ciclo), Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Educación Especial.
Menús especiales
El propósito del departamento que dirige Alberto Garzón es fomentar la dieta mediterránea, basada en alimentos frescos, de temporada y proximidad. Además, pretende aumentar hasta un mínimo del 5 % el uso de alimentos de producción ecológica y prioriza el uso de los producidos de forma respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal.
Contempla también la disponibilidad de menús especiales tanto por diagnóstico médico debido a alergias o intolerancias, como por razones culturales, éticas o religiosas. Insta a reducir la sal, los concentrados, los potenciadores del sabor, las salsas y el azúcar en las preparaciones y aboga por aliñar con aceite de oliva virgen extra y cocinar y freír con el de oliva o girasol alto oleico.
Nutrición de calidad, saludable y sostenible
La iniciativa de Consumo también recomienda la distribución de jarras de agua potable, del grifo, en las mesas de los comedores (salvo que no sea posible por motivos de suministro), así como introduce medidas para la reducción de residuos y el desperdicio alimentario.
La intención de Alberto Garzón con esta normativa es garantizar el acceso a una alimentación y nutrición de calidad, saludable y sostenible; elevar el nivel de protección de la salud de los escolares e introducir criterios nutricionales y de sostenibilidad para la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en los centros educativos.
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