Desde 2019 es obligatorio que en el etiquetado de la leche y de sus derivados se indique en qué país se ha ordeñado y se ha transformado la materia prima. Comenzó como una normativa experimental con una vigencia de dos años y el Gobierno la ha prorrogado recientemente hasta 2023. El sector considera que la medida es positiva, pero los objetivos para los que fue concebida se han cumplido a medias: la demanda de leche nacional por parte de la industria ha aumentado, aunque los precios que reciben los productores están estancados y en ocasiones no consiguen cubrir los costes.
La normativa --de ámbito nacional-- no afecta a la leche y a los productos lácteos que se fabrican fuera y que se venden en los supermercados. “El principal problema para el sector son las importaciones de quesos que vienen del norte de Europa. Tienen precios demasiado baratos porque la materia prima procede de sus excedentes de producción. Esto es lo que realmente agrede al sector lácteo español”, asegura a Consumidor Global Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil).
Pocos productos ‘made in Spain’ con valor añadido
“A todo el mundo le gusta poner en el envase que el producto es nacional porque atrae más al consumidor y da imagen de favorecer a los ganaderos locales y a la economía del país”, asevera Francisco Fernández, director de la Asociación de Ganaderos Productores de Leche (Agaprol). De hecho, uno de los argumentos que esgrime el Ejecutivo para prorrogar la medida es que el 70 % de los usuarios en España se fija en el origen de los alimentos, según el barómetro sobre el clima de confianza del sector agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Antes de que entrase en vigor esta obligatoriedad, uno de los problemas habituales era el engaño al que se enfrentaban los consumidores debido a que en el etiquetado se indicaba que la materia prima era española, cuando en realidad procedía de otros lugares. “Ahora eso es mucho más difícil enmascararlo y la gran mayoría de la industria no se atreve a hacerlo”, relata Fernández.
A pesar de que ese problema se ha resuelto, las industrias queseras nacionales, sobre todo las más pequeñas, no pueden competir con los bajos precios de otros productos europeos. “La excusa que nos dan las industrias es que no pueden pagar más por el litro de leche”, lamenta Adoración Martín, responsable del sector lácteo de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. La consecuencia de esto es que la industria en España se ve limitada y se dedica a lo más fácil, es decir, a hacer leche líquida. Se ofrecen muy pocos productos de origen 100 % español con valor añadido como quesos cremosos o en lonchas, por ejemplo. Los pocos productos nacionales de este tipo son más caros que sus competidores extranjeros, una situación que echa para atrás a muchos usuarios para los que prima el factor económico sobre cualquier otro. “Se importan productos elaborados de fuera porque hay demanda. La lástima es que aquí no se producen”, resume el director de Agaprol.
Cierran 1.000 granjas al año
A pesar de que en España hay muy buenos quesos --que nada tienen que envidiar a los de otros países--, las cifras del Ministerio de Agricultura son claras. En 2019 se exportaron alrededor de 108.000 toneladas y se importaron casi 310.000 toneladas. Estas equivalen, según Calabozo, a 2,3 millones de toneladas de leche.
Uno de los objetivos de la normativa prorrogada hasta 2023 es, además de dar más información al consumidor y aumentar la demanda del producto nacional, mejorar los precios que se pagan a los productores. Esta meta no se ha logrado y “hay un techo de cristal que no se consigue rebasar”, se queja Fernández. Así, el precio que se paga a los ganaderos desde 2016 ha oscilado entre los 28 y los 33 céntimos el litro, según los datos del observatorio del mercado de la leche de la Comisión Europea. “Están prácticamente congelados desde hace muchos años y eso está expulsando a gente del sector. Cierran casi 1.000 granjas al año --alrededor de 5.000 en el último lustro, matiza-- porque la rentabilidad es muy complicada con esas cifras”, confiesa el director de Agaprol.
Los ganaderos piden más ambición
A pesar de que el experimento del Gobierno ha funcionado a medias, las fuentes del sector consultadas por Consumidor Global están convencidas de que la medida es positiva y que debe implantarse de forma permanente. Sin embargo, la extensión de la iniciativa mantendrá el carácter temporal mientras en la Unión Europea no se inicie el desarrollo legislativo para que en todos los Estados miembro se aplique esta obligatoriedad de forma armonizada.
Así, mientras no exista esa armonización, desde el sector piden más ambición a la hora de indicar en el etiquetado que un producto es totalmente español. La responsable del sector lácteo de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera que la forma de destacar este aspecto en los envases hace que pase demasiado desapercibida para los consumidores. “Aparece con letras muy chiquititas al lado de los ingredientes. Debería haber alguna especie de logotipo común que haga referencia al país y que sea más llamativo”, reclama. En la misma línea, Fernández señala que en ocasiones es difícil para un usuario encontrar el país de procedencia del producto lácteo en cuestión.