García Carrión y Félix Solís agrian el vino de Valdepeñas: “Dan gato por liebre al consumidor"

En una de las mayores regiones vitivinícolas del mundo, soleada, poco fértil y esforzada, la sombra de la duda oscurece los campos y amarga los tragos. A principios de octubre saltó la noticia de que la Audiencia Nacional citaba como imputados a directivos de Félix Solís y García Carrión, dos de las bodegas más importantes de la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas, por una presunta estafa en la venta de vino. 

Ahora, los tribunales tendrán que dirimir si estos grupos vendieron como "crianza", "reserva" y "gran reserva" vinos que no cumplían con el periodo mínimo de envejecimiento que exige la propia denominación. Es decir, si se dio gato por liebre. El conflicto viene de lejos, y las cantidades son enormes. 

Centenares de miles de litros de más

Según detallaba El País, Félix Solís (que posee entre sus marcas más destacadas Viña Albali y Los Molinos) habría vendido como crianzas 472.745 litros más de los declarados a los supervisores. 

Por su parte, las cantidades verificadas por el gigante García Carrión, que en el año 2022 facturó 1.000 millones de euros y es el dueño del celebérrimo y asequible Don Simón, pero también de Pata Negra o de la marca Señorío de los Llanos (en 2014 era la firma de vinos con denominación de origen más vendida) tampoco cuadraban con lo declarado a las autoridades inspectoras.

“Lucha de poderes” entre dos gigantes

Estas irregularidades habrían ocurrido durante los años 2017 y 2019. Ya en febrero de 2021, la prestigiosa Guía Peñín hablaba de “lucha de poderes entre dos gigantes productores, Félix Solís y García Carrión, capaces de cambiar el rumbo de una DO que lleva tiempo a la deriva”. Aún más, calificaban la situación de Valdepeñas de “dramática en varios frentes”, tanto por “la paulatina pérdida de protagonismo” como por “la complicada situación interna que atraviesan, incluso con la posibilidad de que el Consejo Regulador se quede sin la representación productora”.

En abril de 2021, se puso sobre la mesa que las dos bodegas podrían haber mentido sobre la elaboración, sobre el periodo de envejecimiento y sobre la permanencia en barrica de roble. Las sospechas de un fraude implican, además, a otros actores del sector: el juez también acordó dirigir el procedimiento contra las certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL, que podrían haber hecho la vista gorda y actuar como “cooperadores necesarios”.

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Acusaciones cruzadas

Todo comenzó con una acusación de García Carrión que se volvió en su contra. Señaló a su gran rival, Félix Solís, pero la lupa de las autoridades se fijó en ambos. Esta situación provocó la desaparición del consejo regulador. Tras la citación, Félix Solís se defendió asegurando que, si los números no cuadraban del todo, era porque en las investigaciones no se habían tenido en consideración “las existencias de vino en almacenes, extremo que será acreditado en el proceso de instrucción”.

En este contexto, la Unión de Uniones, entidad que agrupa a ganaderos y agricultores de diferentes territorios de España, tomó cartas en el asunto y anunció que se personaría como acusación popular. A preguntas de este medio, la Unión explica que este asunto va a tener consecuencias para la DO Valdepeñas, todas ellas perniciosas para cada uno de los colectivos. 

Grave perjuicio económico para el viticultor

“Para el viticultor, la consecuencia a medio y largo plazo del descrédito de la DO es la disminución del precio de la uva, que puede pasar de 0,40 €/kg a los 0,20 €/kg de la misma variedad cencibel (tempranillo), de ser uva calificada a no serlo. Eso supone un deterioro de sus rentas, que llevan años afectadas por conflictos en el sector elaborador que han supuesto la disolución de facto de la interprofesional que gestionaba la DOP”, explican fuentes de la entidad.

Para los consumidores, estas irregularidades provocarán “un descenso en el consumo al no ser fiables las propiedades organolépticas de la categorización de vinos de la DO, consiguientemente la desconfianza en el consumo de vinos de crianza y reserva, puesto que no es ‘fiable’ lo que se dice en el Pliego de condiciones de la DO depositado en las instancias comunitarias”, argumentan desde la Unión.

“Gato por liebre”

No se andan con medias tintas en la asociación, desde donde apuntan que el consumidor no debería preocuparse por la seguridad alimentaria, pero sí en lo que concierne a las distintas propiedades de los vinos.

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“Le están dando gato por liebre, le están estafando en el precio, le están diciendo en la etiqueta que el vino que se dispone a consumir tiene un proceso de elaboración sensiblemente distinto de un vino del año y cuando pasa por la caja le están cobrando el doble, el triple o el cuádruple de lo que deberían haberle cobrado. Son estos motivos para la preocupación, por supuesto que sí”, arguyen.

Dejación de funciones de las certificadoras

Para que las cosas se hayan hecho así de mal, alguien ha dejado hacer, bien porque sacaba tajada o bien porque sabía que a la larga le beneficiaría. “El papel de las certificadoras, más exactamente la sospecha de dejación de sus funciones de control y certificación, está en el centro del procedimiento judicial. Lo que ha ocurrido, con la más que probable connivencia del sector bodeguero y de la administración regional, es que se ha confiado en las bondades de la certificación privada”, razonan desde la Unión.

Eso significa que las entidades de control, certificación e inspección se han dejado en manos de empresas, “denostando la posibilidad de articular órganos de gestión con capacidad de desarrollar las tareas de control que marca la legislación comunitaria, estatal y autonómica de manera transparente. Esta apuesta les ha salido cara, y es una de las cuestiones que más está condicionando el futuro del modelo de DOP agroalimentarias”, añaden los agricultores. ¿Por qué se ha hecho así? “Son más dúctiles a la hora de mirar para otro lado”, consideran.

Defensa de la DOP

El consumidor, añaden desde la Unión, debe ser consciente de que las DOP no son solamente sellos de comercialización, sino que figuras de calidad diferenciada como ésta DOP o el IGP son “instrumentos a potenciar porque impiden la deslocalización productiva y mantienen el tejido productivo y social, erigiéndose en un motor de desarrollo en nuestros pueblos”.

Ahora bien, si la DOP, “sea de vino, sea de turrón de Xixona” comienza a desligarse del territorio y de la producción, se debilita.  “Y esta alianza entre agricultores y ganaderos y los consumidores ha de reforzarse”, añaden. Dos retos para una zona que siempre ha llevado por bandera la cantidad. 

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Defensa de los procedimientos

En su momento, García Carrión denunció los hechos que investiga la Audiencia Nacional y defendió que cuenta “con la trazabilidad de todos sus vinos y con las auditorías legalmente exigibles y certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización de sus vinos bajo la DO Valdepeñas”.

Pero el clima continúa enrarecido. Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, reconoció que este caso "dañaba" la imagen de la DO Valdepeñas. También prueban la delicadeza del asunto las dificultades que este medio ha tenido para encontrar fuentes dispuestas a hablar sobre el mismo. Ni la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) ni Asaja Ciudad Real han contestado a los correos, y otros importantes agentes del sector han rechazado ofrecer su punto de vista.