El arroz barato de Myanmar es una pesadilla para los productores españoles

La importación de arroz desde Myanmar --la antigua Birmania-- trae de cabeza a los agricultores españoles y europeos. Los bajos precios de su producto y las ventajas comerciales de las que goza el país asiático hunden el mercado nacional y los agricultores aseguran que no pueden competir en esas condiciones. Uno de los motivos por los que es tan barato es que “no cumple con las exigencias medioambientales, laborales y sociales que sí se respetan aquí”, explican a Consumidor Global fuentes de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).

El otro motivo, y el que más escama a los productores nacionales, es que Myanmar forma parte de un acuerdo comercial especial con la Unión Europea (UE) denominado “Todo menos armas”. Esta herramienta, ideada para ayudar a los países menos desarrollados a mejorar sus ventas en el mercado exterior, permite que sus importaciones de arroz lleguen al Viejo Continente libres de aranceles. Sin embargo, para el mantenimiento de ese tipo de regímenes, los países con los que se suscriben deben respetar los Derechos Humanos, algo que, en el caso de la antigua Birmania, no se está cumpliendo. Así lo demuestran el golpe de Estado que tuvo lugar a comienzos de febrero y la persecución que desde hace años sufre el pueblo rohingya. “Se está arruinando a los productores de arroz de España, Italia y Grecia a cambio de nada”, lamenta Luis Cortés, secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura.

Burlar la cláusula de salvaguarda

España es un país excedentario en cuanto a arroz, al contrario que el resto de Europa, aseguran a este medio fuentes industriales del sector. El acuerdo “Todo menos armas” surtió efecto, pero los resultados fueron contraproducentes para los intereses de los agricultores nacionales. Entre 2014 y 2019, el volumen de las importaciones procedentes de la antigua Birmania se disparó en el continente y provocó un deterioro de esta industria en la UE y una pérdida considerable de cuota de mercado. Y esto despertó las quejas del sector. “Exportaban más de lo que eran capaces de producir. Otros países asiáticos se aprovecharon de la situación y utilizaron  a Myanmar para meter arroz libre de aranceles en la UE”, explican desde AVA-Asaja.

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Ante esta situación, en 2019 la Comisión Europea decidió --a pesar del régimen especial-- reintroducir hasta 2022 aranceles a la importación del arroz de tipo índica --el de grano largo-- procedente de Myanmar. La aplicación de esta medida, conocida como cláusula de salvaguarda, implica gravámenes para esas ventas de 175 euros por tonelada el primer año, de 150 el segundo y de 125 el tercero. Sin embargo, en la antigua Birmania encontraron la forma de sortear este obstáculo. “Lo que han hecho es cambiar el tipo de arroz y ahora producen la variedad japónica --que no está sujeta a aranceles--. Fue una trampa de la Comisión Europea para salir del paso y permitir que se siguieran haciendo las importaciones”, argumenta Cortés. En la misma línea se expresan desde AVA-Asaja, que subrayan que era necesario que la cláusula se hubiese aplicado a todos los tipos de arroz y no sólo a una variedad concreta.

Imposible competir en precio

En España, las principales regiones productoras de arroz son, por orden, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. A pesar de la introducción de aranceles en 2019, ese año las importaciones nacionales de arroz procedente de Myanmar superaron a las de 2018, según reflejan las estadísticas de Data Comex. “A pesar de los gravámenes, sigue siendo más rentable para los comercializadores”, asevera Cortés. Así, mientras en la antigua Birmania la tonelada se paga a 239 euros, los costes de producción de la misma cantidad en España rondan, en promedio, los 323 euros, si bien en zonas como la Albufera valenciana éstos se elevan hasta los 460 euros. “En los últimos cinco años han desaparecido 6.000 hectáreas de este cultivo en Extremadura. No ha sido un problema de agua ni de nada que se le parezca, sino de falta de rentabilidad”, se queja el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura.

A estas dificultades se añade la propia dinámica de la industria arrocera española. Según señala Cortés, el grupo de empresas Herba --que comercializa marcas como Brillante, La Cigala y SOS-- “maneja la mayor parte del mercado a nivel nacional”. Así, cuando las cooperativas del sector reclaman precios mayores, “automáticamente este grupo importa arroz de Myanmar”, lo cual redunda en que los agricultores tienen que rebajar sus reivindicaciones, defiende Cortés. Esto produce situaciones rocambolescas como el hecho de que lo que se paga al agricultor en origen no cubre los costes de producción. “Sin las ayudas al sector agrario no seríamos rentables”, aseveran desde AVA-Asaja. Acerca de este asunto, Herba --que pertenece a Ebrofoods-- asegura a Consumidor Global que su participación en las compras al país del sudeste asiático es testimonial. “Se refiere a arroces partidos (de los que Europa es deficitaria) para la producción de harinas en una de nuestras filiales industriales del norte de Europa, pero no representa ni el 1% del volumen global de compras”, se defiende la compañía. Además, sostiene que “nunca” ha importado arroz de la antigua Birmania para ninguna de sus filiales en España, Europa o Estados Unidos porque “son muy malos de calidad y no cumplen con sus criterios. 

Un arroz de calidad inferior

Más allá del impacto para los agricultores, toda esta situación también tiene efectos directos sobre los consumidores. El primero es que una buena parte del arroz que llega a los supermercados es de una calidad inferior. En el etiquetado de este producto no se indica de dónde procede el mismo, sólo el lugar en el que se envasa. Esto supone que si el arroz llega desde la antigua Birmania, pero se empaqueta, por ejemplo, en Alicante, el consumidor tan sólo conocerá este último dato.

No obstante, las reclamaciones de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura y de buena parte del sector en cuanto al etiquetado van más allá. “No se permite indicar la cantidad de arsénico que lleva el arroz. En la UE apenas hay porque nuestras aguas no están contaminadas, a diferencia de las del sudeste asiático”, defiende Cortés. Por ello, considera que, si bien los arroces que se comercializan pasan los filtros sanitarios estipulados, una información útil sería la inclusión de los porcentajes de arsénico. En su opinión, esto haría que muchos consumidores se lo pensaran mejor a la hora de comprar según qué arroz. El otro impacto al que se enfrenta la población tiene que ver con aspectos medioambientales. En ese sentido, los arrozales cumplen una importante labor de protección del ecosistema, como por ejemplo, en los parques naturales de La Albufera o de la Marjal de Pego-Oliva, ambos en la Comunidad Valenciana. Así, su reducción debido a esa falta de rentabilidad también puede tener un efecto colateral indeseado.

Suspender las importaciones de Myanmar

En este contexto, el sector arrocero español reclama al Gobierno y a la Comisión Europea que se suspenda la importación de arroz procedente de Myanmar. “La UE no debería suscribir acuerdos con países que violan de forma sistemática los derechos humanos”, insisten desde AVA-Asaja. En ese sentido, empieza a haber ciertos movimientos y presiones desde el punto de vista político y, de hecho, en el Parlamento Europeo ya se han registrado preguntas en torno a esta posibilidad.

A pesar de todo, el coronavirus ha echado un capote inesperado al sector y el año pasado mejoraron los precios que se pagan en origen, aunque eso sigue sin cubrir costes. En 2020 las importaciones de arroz desde Myanmar descendieron el 20,5 % frente a 2019. Esto se debió a que muchos países asiáticos quisieron asegurar el abastecimiento alimentario de su población y, además, se encareció el coste de los envíos. Según los cálculos de Cortés, si se suspende la importación de arroz desde la antigua Birmania, los precios en origen que se pagarían a los agricultores en Extremadura podrían incrementarse hasta los 350 euros por tonelada, frente a los 320 actuales y los 280 del año anterior.