Ley de Segunda Oportunidad. Esta es la normativa que permite a los usuarios cancelar sus deudas. Pero no de cualquier forma. Se tienen que dar una serie de condiciones específicas.
Gracias a esta normativa, muchos consumidores consiguen reincorporarse al sistema financiero sin cuotas pendientes. Aunque muchos sepan de la existencia de la ley, la gran mayoría desconocen cuestiones básicas sobre los requisitos o el tipo de deudas que se pueden anular.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Dejemos claro qué es la ley de Segunda Oportunidad. Alejandro Sanchís, abogado especializado en derecho concursal y socio fundador de AMG Legal, explica a este medio que se trata de una normativa europea cuyo objetivo es ofrecer una segunda oportunidad a personas endeudadas con el fin de que puedan volver a integrarse en el sistema económico.
Está dirigida a personas físicas que puedan demostrar una situación de insolvencia. Es decir, una persona que deba 40.000 euros y gane 90.000 euros no puede acogerse a esta normativa, por ejemplo. Además, por persona física se entiende desde un trabajador hasta un autónomo o jubilado. En definitiva, cualquier individuo.
Origen de la normativa
La ley de Segunda Oportunidad tiene un contexto europeo, puesto que se inspira en otros principios de los países vecinos. Sanchís detalla que la primera normativa llegó de la mano de la crisis de 2008.
"Con el boom inmobiliario, muchas personas se vieron endeudadas con cantidades desorbitantes de préstamos hipotecarios", recuerda Sanchís. Por ello, se introdujo de forma oficial en España a través del Real Decreto-ley 1/2015, donde se especifican los pasos a seguir y condiciones para acogerse a ella.
Qué requisitos exige la ley de Segunda Oportunidad
Primero hay que probar estas condiciones mediante un procedimiento judicial y, si todo va bien, entonces el afectado vería exoneradas sus deudas:
- El usuario no se ha podido acoger a la ley de Segunda Oportunidad en los diez años anteriores. "Tiene sentido porque, si no, todo el mundo recurriría a la norma para no pagar ningún préstamo", matiza Sanchís.
- No puede haber antecedentes por delitos societarios o socioeconómicos.
- No puede tener ninguna sanción por infracción grave con la Seguridad Social o Hacienda.
- No haber sido declarado culpable en un concurso de acreedores. Se considera concurso culpable cuando el deudor retrasa o impide que el acreedor proceda judicialmente para el embargo de sus bienes.
Estos son los requisitos más importantes. Si se cumplen, la justicia entendería que el deudor está actuando de buena fe y, por tanto, a priori no habría problemas para anular la deuda en cuestión, tal y como subraya el jurista.
Qué deudas se pueden anular
Ahora bien, no cualquier deuda se puede perdonar. De hecho, la normativa establece límites. "Se pueden cancelar todas las deudas, excepto las que provengan de delitos", sostiene Sanchís. ¿Un ejemplo? Una indemnización que provenga de un accidente de tráfico no se puede cancelar.
En lo que respecta a las deudas públicas, el máximo se fija en 10.000 euros. Por deuda pública se entiende aquella que se contrae con la Seguridad Social o Hacienda. "Solo cabe cancelar la deuda que sea competencia de algunos de estos organismos. Es decir, una deuda con el ayuntamiento en la que no tenga nada que ver Hacienda o Seguridad Social no podría acogerse a la ley. Lo mismo que una ayuda del ministerio tampoco", sostiene Sanchís.
Pasos para comenzar el proceso
Para iniciar el proceso de anulación de una deuda, un usuario necesita un procurador y un abogado. "Estamos ante un procedimiento concursal en un procedimiento judicial y tiene que presentarse a través de un abogado y procurador", recalca el jurista.
Respecto a la documentación a aportar es importante adjuntar fotos del DNI del deudor así como un listado de acreedores subrayando la persona a la que se le debe el dinero y la cuantía. También hay que facilitar un certificado de antecedentes penales, las tres últimas declaraciones de la renta y una memoria económica, que normalmente la redactan los profesionales.
¿Qué pasa con la vivienda principal?
Muchos usuarios temen que con la anulación de la deuda se vea perjudicada la vivienda principal. Sanchís asegura que la ley protege esta propiedad transmitiendo un mensaje tranquilizador.
"En el caso de que tengamos una vivienda habitual, un inmueble que se podía utilizar para pagar las deudas, en la actualidad la ley protege la vivienda habitual con distintos mecanismos", sostiene.
Un mecanismo crucial para proteger a los deudores
La ley de Segunda Oportunidad ofrece un mecanismo fundamental para que los consumidores sobreendeudados puedan librarse de sus deudas y comenzar de nuevo.
Los requisitos establecidos en la normativa dejan claro que se busca la protección de deudores con la garantía de que actúan de buena fe. De esta forma, se pueden reintegrar en el sistema financiero de forma responsable.