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El nuevo impuesto a las grandes fortunas: ¿quién lo pagará y cuándo entra en vigor?
Hacienda quiere poner en marcha este nuevo tributo a partir del 1 de enero de 2023 y sólo afectará a “personas millonarias”
El Ministerio de Hacienda prepara un nuevo impuesto temporal para las grandes fortunas que, según la ministra María Jesús Montero, sólo afectará a “personas millonarias”. Esta propuesta, en la que Hacienda lleva trabajando "semanas", se ha conocido en un momento en que el impuesto de patrimonio ha ganado protagonismo después de que el gobierno andaluz decidiera suprimirlo en su territorio, como ya hace Madrid, y el de Murcia haya anunciado que estudiará esta posibilidad.
Montero ha justificado el estudio de este nuevo gravamen en la necesidad de que las rentas altas contribuyan en mayor medida a sufragar las medidas para paliar los efectos de la inflación, en línea con los impuestos para banca y energéticas. De hecho, el impuesto para las grandes fortunas se basará en "un esquema similar" al de estos dos gravámenes, en el sentido de que tendrá carácter temporal, posiblemente con dos años de vigencia, aunque dependerá de la duración de la guerra en Ucrania.
Un impuesto temporal para millonarios
Según los datos de la Agencia Tributaria, este impuesto afectará a unos 115.507 españoles. Hacienda estima que este grupo de ciudadanos tienen rentas por encima de los 150.000 euros, a quien se les aplicaría este impuesto temporal para las grandes fortunas, que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
Montero ha defendido la necesidad de “pedir un mayor esfuerzo” a quienes tienen beneficios extraordinarios, como las energéticas, y a las “mayores rentas”. La ministra no ha dado detalles sobre el futuro impuesto, que será distinto al que ya grava el patrimonio, ya que éste está gestionado por las comunidades autónomas y es ahora mismo el centro de un conflicto entre territorios.
Hacienda estudia diferentes “alternativas”
En cuanto a la forma que adoptará el gravamen, Montero se ha limitado a señalar que explora "diferentes alternativas", sin aclarar si será un nuevo impuesto -lo que requeriría una ley propia- o una modificación de alguno existente, como el de patrimonio o el IRPF -en cuyo caso podía aprobarse en otra ley, como los Presupuestos-.
Las grandes fortunas ya están sujetas al impuesto de patrimonio, un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, que grava los patrimonios por encima de los 700.000 euros excluidos 300.000 euros de vivienda habitual, y que recauda 1.200 millones de euros al año.
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