Mudarse para pagar 300 euros menos: así influye el lugar de residencia en los impuestos

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 reabrió una polémica que viene de años atrás: la diferencia en el pago de impuestos entre autonomías. Así, mientras la Comunidad de Madrid es una de las que tiene menor carga fiscal, Cataluña es una de las que más paga. Por ejemplo, sobre una renta anual de 30.000 euros brutos, un ciudadano de la capital catalana paga 5.102 euros de IRPF, mientras que uno que vive en Madrid paga 4.830 euros, es decir, casi 300 euros menos al año.

En el resto del territorio español, a excepción del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que cuentan con cupos propios, las diferencias son también muy significativas. Por eso, son muchos los expertos que abogan desde hace años por una armonización fiscal, es decir, una equiparación de impuestos a nivel nacional. Esto tendría como consecuencia un sistema “más justo y con el que se ahorrarían inspecciones, fraudes y muchos recursos”, asegura a Consumidor Global Ignacio Cornet, presidente de los Fiscalistas del Colegio de Economistas de Cataluña.

El origen de las diferencias

El sistema tributario español se caracteriza, entre otros aspectos, porque ciertos impuestos estatales están cedidos, en parte o en su totalidad, a las comunidades autónomas (CCAA). Es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio o del IRPF, del que se cede el 50%. “En los que se comparte la gestión, las CCAA pueden aplicar bonificaciones, deducciones o incrementar el tipo de gravamen”, explica Cornet. También pueden  crear nuevos impuestos, siempre que no existan, como el de las  bebidas azucaradas o el de los bienes no productivos. Por eso, “fijar la residencia fiscal en un territorio u otro tiene cierta trascendencia económica”, matiza Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública del Colegio de Economistas de Madrid.

En este sentido, la capital española ha optado en los últimos años por un modelo que reduce la fiscalidad, tanto en los impuestos propios como en los cedidos, con el fin de potenciar la actividad económica, explica Rubio. Esto puede motivar, sobre todo en los ciudadanos más pudientes, un cambio de residencia para pagar menos.

¿Dónde se paga más y menos ?

Aunque hay discrepancias entre las 17 comunidades autónomas, en algunos impuestos son más significativas todavía. “Se aprecia más en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones”, afirma Sofía Borgia, experta en derecho fiscal de la Universidad Francisco de Vitoria.

Por autonomías, esto se traduce en que Andalucía, Canarias, Madrid, Extremadura, Murcia, Cataluña o La Rioja cuentan con mayores exenciones y bonificaciones al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los residentes pagan menos en caso de recibir una herencia. Mientras, Aragón, Asturias, Castilla-León, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha son las autonomías que más pagan por este gravamen. Y, en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, existen ocho tramos con tipos que varían entre el 0,2% y el 2,5%, pero hay algunas excepciones, como en el caso de Madrid, que se bonifica este tributo al 100% y otras regiones, como Extremadura, donde se paga más. Por ejemplo, un ciudadano de Madrid con una riqueza de 800.000 euros no pagará nada, mientras que un extremeño abonará 1.099 euros, un murciano, 240 euros y un habitante de la Comunidad Valenciana, 540 euros. El caso del IRPF es similar, pues el tramo común está comprendido entre el 9,5% y el 22,5%, como se observa en la tabla, pero admite variaciones autonómicas como las ya mencionadas.  

La armonización fiscal: ¿la solución definitiva?

“No tiene sentido que en el mismo país se paguen distintos impuestos y algunos con grandes diferencias para los ciudadanos según donde residan”, critica Cornet, quien asegura que todos los fiscalistas solicitan desde hace años la equiparación de impuestos a nivel nacional por ser la medida más justa. Por el contrario, Rubio reconoce que la existencia de competencia fiscal entre regiones no debe considerarse perniciosa. “El diseño de impuestos diferentes permite ajustarse a las necesidades y a las demandas sociales de los ciudadanos, que no tienen por qué ser idénticas en todas las regiones de España”, defiende. Aun así, asegura que las discrepancias deberían situarse en un entorno razonable para evitar movimientos de capitales y de personas por motivos exclusivamente fiscales.

Mientras, la profesora en derecho fiscal Sofía Borgia insiste en que una armonización fiscal no es viable dentro del marco normativo actual, pues iría en contra de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la que se les transfiere la competencia de los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones. Coincide con esta profesora Arturo Javier Jiménez, director del gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Para producirse la armonización tendrían que existir cambios en algunas leyes y en la estructura impositiva de España, pues, sino, podrían ser contrarios a la Constitución Española”, concluye este experto.