Así perjudicará a los consumidores la ley 'rider' que beneficia a los repartidores

Los repartidores --riders-- de las plataformas de delivery como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart dejarán de ser autónomos y se convertirán en personal laboral. Así lo acordaron, tras intensos debates, el Gobierno, los sindicatos, la CEOE y Cepyme en el marco de la mesa del diálogo social. Sin embargo, el impacto de esta medida aún no está claro. “El texto todavía no es definitivo y puede haber cambios”, aseveran a Consumidor Global fuentes del sector. 

Sin embargo, en ese marco de escenarios posibles, dos opciones cogen fuerza. El encarecimiento de los servicios de reparto de las plataformas --es decir, que trasladen al usuario un incremento de precio por la nueva norma-- y que éstas dejen de operar en algunas pequeñas ciudades españolas por una cuestión de rentabilidad. Más allá de ello, fuentes conocedoras de los debates internos de estas empresas aseveran que “no existe una preocupación dramática por la viabilidad del negocio, sino más bien por la necesidad de realizar ajustes”. Es decir, la posibilidad de que alguna de estas compañías abandone el país, al menos a corto plazo, no está de momento sobre la mesa.

¿Cuánto subirá el precio?  

Los acuerdos de la mesa del diálogo social todavía no se han plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El documento tiene que pasar por distintos trámites y, aunque no hay una fecha definida para la aprobación del texto definitivo en el Consejo de Ministros, desde el sector prevén que ésta puede llegar a mediados de abril. En el momento en el que esto se produzca, las plataformas digitales dispondrán de un plazo de tres meses para adaptarse a la normativa. Es decir, si se confirman las previsiones, las empresas tendrían hasta julio para laboralizar los contratos de sus repartidores. 

“Creo que estas empresas exageraban en sus declaraciones de que iban a tener que cerrar. Habrá algunos sitios en los que su servicio no será rentable, pero mantendrán su actividad en las grandes ciudades”, asegura a este medio Bernardo Navazo, uno de los autores del informe Las plataformas digitales bajo demanda en España, publicado por la Fundación Alternativas a finales de 2020. Por otro lado, este experto estima que el coste por envío en estas plataformas aumentará entre 1 y 2 euros por pedido. “¿Realmente su demanda es tan inelástica que por un incremento así van a perder una base de clientes grande? No lo creo. Y menos cuando sus consumidores tienen un perfil socioeconómico medio-alto, tirando a alto”, reflexiona Navazo. Calcular el impacto porcentual de ese posible incremento no es tarea fácil dado que cada plataforma opera de forma distinta. Así, por ejemplo, Deliveroo y Stuart ajustan ese coste en función de la distancia entre el local y el usuario final. Sin embargo, la tarifa de Glovo es de 4,9 euros, por tanto, una subida de uno o dos euros significaría un incremento de entre el 20 % y el 40 % de sus envíos.

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Javier Roibás

El enfado de las plataformas

Después del acuerdo entre sindicatos, patronales y el Gobierno, las empresas digitales afectadas publicaron un duro comunicado para quejarse del mismo. “Las plataformas de delivery vemos con mucha preocupación el futuro del sector y el efecto que la laboralización forzosa propuesta por el Gobierno podría tener en el colectivo de repartidores”, subrayaron estas compañías de reparto de comida. 

La desparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes y la reducción de los horarios podría hacer que, de los 30.000 repartidores que operan con estas plataformas, un 76 % --23.000-- “perdería su fuente de ingresos”, según los cálculos que ha hecho el propio sector. Por otro lado, estiman que “en los 12 meses siguientes a una transición al modelo de flotas, se perderían más de 250 millones de ingresos adicionales para los restaurantes”. Pero se trata, por ahora, de especulaciones. 

“España no es Estados Unidos”

Navazo asegura que lleva varios años en contacto con las plataformas de delivery en España y considera que el marco jurídico nacional contemplaba opciones suficientes para no tener a los riders como autónomos. “Era una indefensión por la pérdida de determinados derechos y había una sensación de que estaban fuera del sistema”, argumenta. Por otro lado, estas empresas han pasado por diferentes debates y estrategias narrativas para justificar sus posturas. Así, a pesar de que en un principio defendían una posición libertaria escudándose en la flexibilidad necesaria para ser emprendedores, “ahora les toca lidiar con la realidad. Sus repartidores son empleados laborales y han perdido todas las batallas jurídicas”, afirma Navazo.

Según este experto, el hecho de que estas plataformas puedan dejar de operar en algunas ciudades es una pérdida de eficiencia y lo lamenta, pero defiende que los riders ganarán en derechos. Si tienen un accidente van a estar cubiertos por la Seguridad Social, por ejemplo. “Las plataformas van a tener que aceptar una cosa que nos hubiera ahorrado a todos muchas peleas y discusiones si hace un par de años hubieran interiorizado que España no es Estados Unidos y que aquí nos gusta que la gente tenga ciertas coberturas”, esgrime Navazo.