La venta de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad comenzó el pasado mes de julio, aunque es en estos días cuando las ventas empiezan a cobrar fuerza.
Son largas las colas que se forman en las administraciones de Loterías y Apuesta del Estado y es plausible que algunos individuos contemplen la posibilidad de adquirir décimos con la intención de revenderlos posteriormente para intentar generar un negocio lucrativo.
¿Qué dice la ley?
Sin embargo, antes de hacer eso hay que ser conscientes de las normativas y las leyes que se aplican para la reventa de décimos de la Lotería de Navidad, ya que podrían incurrir en una falta castigada con una multa económica nada despreciable.
El artículo 8 de la Instrucción General de Loterías establece la prohibición de la “reventa con sobreprecio” de décimos de la Lotería de Navidad. Sin embargo, se hace una excepción para ciertos casos. El primero de ellos, si la entidad tiene la autorización expresa de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Venta en clubes y asociaciones
También está permitido si los décimos son vendidos por clubes deportivos y otras asociaciones. En estos casos, es legal cobrar una cantidad adicional, porque esta se considera una donación a la organización que vende el décimo, no un sobreprecio.
Además, hay que tener en cuenta que existe un límite máximo a ese sobrecargo; que asciende hasta el 20 % del importe. O sea, que como el precio oficial del décimo es-desde la introducción del euro en el año 2001- de 20 euros, si se adquiere en lugares que no son una administración pública de Loterías y Apuestas del Estado, podría añadirse un sobrecargo de hasta 4 euros por décimo, lo que resultaría un total de 24 euros.
Sanciones
Es importante tener en cuenta que, si alguien intenta revender un décimo de lotería premiado con el objetivo de ayudar a posibles defraudadores a blanquear dinero, esto puede dar lugar a graves consecuencias. Según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), el vendedor podría enfrentarse a sanciones que ascienden a, al menos, la mitad del premio obtenido.
El comprador solo tiene la obligación de pagar impuestos sobre el sobreprecio pagado por el décimo, siempre y cuando pueda demostrar que esos fondos provienen de una fuente legítima. En este caso, no tendría que enfrentarse a sanciones adicionales por el fraude cometido.