Enterrar a la mascota en un terreno privado o público sin autorización previa está prohibido. La ley de sanidad animal cataloga el abandono de cadáveres sin seguir los protocolos normativos como una infracción grave que puede suponer multas que van desde los 3.000 euros hasta los 60.000 euros.
El adiós final más habitual en estos casos es la incineración, aunque las autoridades autonómicas competentes en esta materia pueden autorizar el enterramiento de los animales de compañía. Para ello, el dueño tiene que cumplir con los requisitos estipulados en la Unión Europea, que establece la obligación de asegurarse de que otros animales carnívoros u omnívoros no puedan acceder a los restos de la mascota fallecida y que los cuerpos se depositen en lugares autorizados.
Un delito poco perseguido
En España hay 13 millones de mascotas registradas, según los datos de 2019 de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), aunque el número debe ser mayor dado que hay dueños que no censan a sus mascotas. La Red de Protección Canina ya publicó en 2017 un informe en el que denunciaba la “falta de actuación” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --y de la Administración en general-- “ante el hallazgo de cadáveres” de animales de compañía en lugares como la vía pública.
Esta organización también se queja de que los agentes se limitan a retirar los cuerpos o enterrarlos y reprocha la ausencia de investigaciones para localizar a los dueños de los animales, sobre todo en el caso de que cuenten con microchip identificador. Consultados acerca de si ha habido cambios en este sentido desde la redacción del informe, la organización asegura a Consumidor Global que “no se puede hablar de mejoras” en los últimos años. En ese sentido, el presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales, Daniel Dorado, apunta que “hay muchos cazadores” que abandonan los cadáveres de los perros sin seguir los protocolos establecidos. “En las zonas rurales la normativa no se cumple todo lo que debería”, añade.
Hasta 300 euros por una incineración
Lo más frecuente, al menos entre los dueños responsables, es consultar con una clínica veterinaria cuando fallece la mascota. Estos centros asesoran a los clientes y suelen tener acuerdos con empresas que se dedican a la cremación de animales, que es el procedimiento más común para cumplir con la legislación española actual. A pesar de esos convenios, algunas ciudades, como Madrid, ofrecen servicios de recogida gratuitos, aunque estos no incluyen, por ejemplo, la devolución de las cenizas.
Las compañías del sector explican que los precios de incineración colectiva oscilan entre los 50 euros y los 100 euros. En cuanto a las individuales --por la que se decantan algunos clientes por motivos sentimentales--, los costes varían en función del tamaño del animal y se mueven en una horquilla de entre 200 euros y 300 euros. En ambos casos se ofrece al cliente la posibilidad de recibir las cenizas de su mascota y, si bien hay urnas estándar que van incluidas en la factura, se puede optar por otros modelos premium. Estos pueden llegar a suponer un desembolso extra de alrededor de 200 euros. Además, en algunos de estos centros también se da la posibilidad de celebrar velatorios.
Entierros de lujo por 5.000 euros
Otra opción para despedirse y poder visitar a las mascotas fallecidas son los cementerios de animales, pero en España solo hay dos: uno en Cataluña y otro en la Comunidad de Madrid. Juana García, que trabaja en la instalación de Último Parque, ubicada en Arganda del Rey (Madrid), relata que su negocio ofrece fosas de hasta 5.000 euros.
Estas se ubican en la zona más representativa del recinto, se construyen individualmente con mármol italiano de primera calidad e incluyen una lápida en la que se pueden grabar hasta 50 letras. Al margen de estos sepelios exclusivos, el precio de las sepulturas más baratas en este cementerio se sitúa en torno a los 130 euros. No obstante, en este cementerio están prohibidas las figuras religiosas en las tumbas, aunque sí que se pueden dejar juguetes y otros elementos recordatorios.
Un riesgo sanitario
Enterrar a una mascota sin seguir los protocolos legales supone un riesgo sanitario dado que, según detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “todas las especies animales son susceptibles de padecer enfermedades infecto-contagiosas que pueden suponer un riesgo para otros individuos de la misma especie o para el ser humano”.
En ese sentido, la cartera que dirige Luis Planas explica que, en la actualidad, no hay evidencia científica de que los animales puedan transmitir el coronavirus al ser humano y propagar el Covid-19, por lo que el Ministerio no considera necesario establecer condiciones especiales para la recogida y eliminación de cadáveres de animales de compañía en una situación epidemiológica como la actual.