España arde. El éxodo rural y la falta de mantenimiento y prevención en estos pastos abandonados son las principales causas del calcinamiento de 286.563 hectáreas --el equivalente a más de la mitad de Cantabria-- en lo que va de año, según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (Effis). Unas cifras récord que han obligado al Gobierno de España a aprobar en el Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica para 15 comunidades autónomas (CCAA) --a excepción de Cantabria y Asturias-- afectadas por graves incendios.
La pregunta es: ¿Cómo beneficiará esta decisión gubernamental a los ciudadanos que han visto como las llamas calcinaban sus casas, sus negocios o sus plantaciones agrícolas? ¿Compensarán las ayudas económicas el valor de lo perdido? ¿Cuándo llegarán a las cuentas bancarias de las víctimas?
Cómo puede beneficiar la declaración de zona catastrófica
"Es momento de echar una mano a las CCAA, colaborar en esa que es su competencia y complementar esas ayudas para que los afectados puedan superar estos momentos", ha expuesto la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en referencia a los 120 incendios que han provocado la muerte de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 ciudadanos de sus hogares.
Estas ayudas se regulan en el Real Decreto 17/2015 y contemplan otorgar ayudas por daños personales (fallecimiento o incapacidad) o materiales, que tienen que ser “ciertos, evaluables económicamente y referidos a bienes”, expone a este medio la abogada de UB Consultores, Rocío Colás. Dichas ayudas son compatibles con las indemnizaciones que se reciban del Consorcio de Compensación de Seguros --derivado de la contratación de una póliza con una aseguradora--, pero no puede superar el valor total del daño. Además, también recibirán compensaciones económicas los ayuntamientos afectados y los particulares que hayan colaborado en las tareas de limpieza o de desescombro.
Ayudas por daños personales o destrucción total de la vivienda
Las medidas de recuperación previstas en el acuerdo aprobado este martes 23 de agosto, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por valor de 18.000 euros.
Por destrucción total de la vivienda habitual son de hasta una cuantía máxima de 15.120 euros; por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros; o por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros. Lo primero “es estar pendiente del Real Decreto de la zona catastrófica. Acto seguido, atentos al momento en que se abren los plazos para solicitar las ayudas. Y, una vez solicitadas, pedir resoluciones expresas con insistencia para que la Subdelegación del Gobierno resuelva la concesión de la ayuda”, expone la abogada del departamento de Derecho Administrativo de Legálitas, Carlota Zapata.
Enseres domésticos y comunidades
También se incluyen las ayudas por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros; así como por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros.
Por otro lado, las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, son de hasta 9.224 euros.
Para producciones agrícolas y ganaderas
Asimismo, el acuerdo prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, aunque el Gobierno no ha puntualizado la cuantía de las mismas.
En este punto, la ministra Rodríguez ha recordado que los afectados "tienen otros mecanismos de los que ya van a poder recibir ayuda sin acogerse a este decreto, como pueden ser la gestión de los seguros agrarios".
Beneficios fiscales
El Ministerio de Hacienda y Función Pública es el encargado de concretar la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que corresponden a los receptores de estas ayudas. Como es habitual, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ayudas por daños personales. La exención del IBI “se da si obliga a un realojamiento parcial o si los daños no están cubiertos por ningún seguro o han paralizado la actividad”, detalla Colás.
Asimismo, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.
Una larga espera
“Se columpian muchísimo”, advierte el ingeniero técnico experto en peritaciones e incendios, Jesús Albacete, quien asegura que, como se trate de una segunda residencia, la espera para recibir las ayudas puede eternizarse in aeternum. Sin embargo, el resto de escenarios tampoco son mucho más alentadores y también conllevan grandes dosis de paciencia, porque la mecánica de funcionamiento de las instituciones, como es sabido, “es lentísima, caótica y desesperante”, remarca el experto.
Si es una empresa, “también pringas y a esperar, incluso más de un año. Mira los del volcán de La Palma, la inmensa mayoría todavía no ha recibido ni un euro. Los primeros en cobrar siempre son las administraciones públicas, lo cual tiene sentido, pero no entra en la cabeza de nadie que tarden tanto en llegar a los particulares”, critica el especialista en peritaciones. En teoría, el Ministerio del Interior tiene seis meses para resolver la concesión de las ayudas, “pero hasta que llegan pueden pasar uno o dos años y hay que pelearlo mucho”, sentencia Zapata.