Interceptan cerca de 23.000 pares de zapatillas falsificadas en tiendas y almacenes de España

La Guardia Civil inició la investigación tras la denuncia de una conocida marca que alertó de la presencia de diversos modelos falsificados

Una amplia selección de zapatillas / Foto de archivo
Una amplia selección de zapatillas / Foto de archivo

Al menos 22.865 pares de zapatillas de marca presuntamente falsificadas han sido interceptadas por la Guardia Civil. Éstas estaban dispuestas para su venta al público y para su distribución en dos almacenes en Fuenlabrada (Madrid), uno en San Adrián de Besos (Barcelona), un tercero en Elche (Alicante), además de en otras once tiendas en Madrid, valoradas en 10.403.573 euros.

La investigación se inició tras la denuncia de una conocida marca de zapatillas, que alertó de la presencia de diversos modelos falsificados que estaban a la venta en una franquicia. El análisis de la Guardia Civil permitió ubicar las tiendas y almacenes desde donde se vendían y encargaban de distribuir dichas zapatillas.

Tiendas en Alicante, Barcelona y Madrid

Así, se estableció un dispositivo conjunto en el que se intervinieron en Elche (Alicante) 1.272 pares, en San Adrián de Besos (Barcelona) 4.344 pares, retirando en Madrid 300 pares localizados en once tiendas de la capital y 16.949 pares en dos almacenes de la localidad de Fuenlabrada.

Una dependienta muestra unas zapatillas Nike en una tienda / EP
Una dependienta muestra unas zapatillas Nike en una tienda / EP
En los puntos de venta reseñados, la Guardia Civil realizó la correspondiente inspección en compañía de los titulares de la marca, que acreditaron que las zapatillas que estaban a la venta eran falsificadas, por lo que se procedió a su retirada.

Investigación de los responsables de las tiendas y almacenes

Asimismo, tras la intervención de las cerca de 23.000 pares de zapatillas, se inició la investigación de los responsables de las tiendas y de los almacenes por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Por último, la Guardia Civil señala la repercusión negativa sobre la imagen de la marca afectada, fraude al consumidor y competencia desleal con las empresas que sí cumplen con las correspondientes normativas.

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