Pablo Chamizo es arquitecto y aún recuerda los estragos de 2008. La crisis inmobiliaria, como a muchos españoles, le cambió la vida y también sus ingresos. Pero aunque la nómina se reduzca a la mitad, hay que hacer frente a las facturas, a los impuestos y a los imprevistos que puedan aparecer. A él y a su familia les surgió la necesidad de adquirir un coche, un precipitado gasto que supuso “todo un esfuerzo económico”.
Al otro lado del tablero, los grandes fabricantes de vehículos también vieron peligrar sus ingresos. Por ello, decidieron unirse y romper con las reglas del juego que rigen el libre mercado y la competencia. Así, durante siete años las grandes corporaciones intercambiaron información sobre márgenes con concesionarios y volumen de ventas, servicio posventa y fidelización de clientes, y políticas de márketing. Cuando Chamizo fue a comprar el coche se encontró que por muchos concesionarios y marcas que lo comparara, no lograba dar con un precio más barato, daba igual, porque no había competencia. Esta práctica se llama cártel y en España está penalizada por ley. A día de hoy, 49.0000 personas en todo el país se han adherido a la Agrupación de Afectados por el Cártel de los Coches (AACC) para reclamar una indemnización económica acorde al sobreprecio que pudieran haber pagado en la compra de su vehículo. Sorprendentemente, muchos están teniendo problemas para justificar dicha compra.
Sin concesionario, sin factura
Buena parte de los concesionarios que estaban abiertos entre febrero de 2006 y agosto de 2013, época en la que se produjo el abuso, a día de hoy están cerrados o no conservan las facturas. “Por ley están obligados a custodiarlas seis años y, claro, muchas de las compras sobrepasan este período”, incide Atilano Vázquez, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo en Galicia, el bufete que está tramitando la contienda. Otro problema que se suma a la desaparición de los recibos es la falta de transparencia de algunos concesionarios. “De la misma manera que existió un cártel de fabricantes, también hubo un cártel de concesionarios”, y por eso, “algunos están dificultando que el consumidor pueda obtener la factura de la compra”, subraya Vázquez.
Por ello, desde la asociación de afectados y desde el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo se están valorando otros mecanismos para demostrar la compra y, en consecuencia, el abuso. “Con un justificante del banco, una transferencia, documento oficial o incluso la matriculación del vehículo”. No obstante, de todas estas opciones la factura es la muestra más tangible para constatar el exceso. Aun así, desde el bufete tienen claro que hay que “recopilar todos los daños posibles y notificarlo de las maneras que se pueda, siempre y cuando la ley les ampare, para que la agrupación de afectados sea lo más fuerte posible”.
El Supremo avala al consumidor
Por esta irregularidad, el 23 de julio de 2015, en una resolución histórica, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sancionó a 21 fabricantes y 130 concesionarios con una multa multimillonaria tras demostrarse que habían pactado los precios de mercado. Esta multa afectó prácticamente al 100 % de las marcas del mercado: Citroën, Mitsubishi, BMW, Cheverolet, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford, Opel, Honda, Hyundai, KIA, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Lexus, Toyota, Audi, Skoda, VW, Saab y Volvo.
Y, ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado que los fabricantes de vehículos obraron de “mala fe” al falsear el mercado para aumentar sus ganancias. En este punto, tal y como explica Atilano Vázquez, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo en Galicia, “se trata de buscar los mecanismos para que esta contienda pueda tener una fase de negociación y se devuelva el coste a los afectados”.
Diez millones de afectados
En las últimas semanas la agrupación ha recibido más de 150.000 solicitudes de información de afectados de toda España, un aspecto que Vázquez valora positivamente pues “cuanto más seamos, más alto sonará nuestra voz y podremos evitar que grandes empresas como estas sigan aprovechándose de su posición de privilegio actuando en contra de los derechos de los consumidores”.
Aunque Vázquez señala que intentarán agrupar las demandas porque “no queremos diseminar el cártel por toda la geografía ni colapsar el sistema judicial, ya que estamos hablando de más de diez millones de personas que han podido verse afectadas por este asunto en toda España”.