El escándalo de las tarjetas revolving es uno de los que más indignación ha causado en los últimos años. Ya saben, se trata de tarjetas de crédito normalmente ofrecidas por grandes supermercados, distribuidoras o entidades financieras para aplazar los pagos de compras con intereses desorbitados.
De hecho, hay numerosas sentencias que condenan a los emisores de estas tarjetas por considerar que los intereses, que siempre están por encima del 20 %, son usurarios. Es el caso de Alcampo y su tarjeta Oney, que se ha llevado algunos rapapolvos en los tribunales.
Pero el abuso de estas empresas no se limita a los intereses desmesurados que aplican por las compras financiadas, sino que también tratan de encasquetar a los clientes otros servicios que, en muchas ocasiones, no necesitan. Y, lo peor de todo, servicios de los que desvincularse es misión casi imposible.
En Consumidor Global hemos denunciado los métodos poco éticos utilizados por Alcampo y su tarjeta Oney. Hay clientes que han tardado meses (e incontables llamadas telefónicas) en conseguir darse de baja de un servicio de asistencia jurídica que prácticamente no utilizaban.
Otros afectados relatan que les ha costado un año desapuntarse de un seguro dental contratado a través de Alcampo y Oney. Un verdadero infierno, con amenazas de penalizaciones en caso de devolver los recibos.
Es realmente desalentador que multinacionales como Alcampo y Oney actúen de esta forma tan despótica y perjudicial para los intereses de los consumidores sin que las autoridades hagan nada por impedirlo.