Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de las críticas que generan las empresas de alquiler de coches.
Se trata de uno de los sectores con peores valoraciones por parte de los consumidores, debido sobre todo a las innumerables trampas en forma de gastos adicionales no previstos en las que acaban cayendo la mayoría de los clientes.
La última de estas tretas la hemos detectado en la compañía Sixt, una multinacional con sede central en Alemania y amplia implantación en nuestro país.
La empresa trataba de cobrar a un cliente 39 euros por la gestión de una multa. Es decir, por identificar al conductor ante las autoridades e intermediar en el pago de la sanción, que ascendía a 90 euros.
El problema es que hace ya algún tiempo que la justicia ha dictaminado que ese cargo es abusivo y, por tanto, nulo.
En esta ocasión, el cliente investigó, encontró la sentencia, la trasladó a Sixt y se negó a pagar el sablazo de 39 euros. Entonces, la empresa retiró la tasa inmediatamente y se disculpó, asegurando que había sido un error.
Ya sea error o mala praxis, lo cierto es que Sixt trata de cobrar un cargo que los tribunales consideran abusivo. Y, si cuela, cuela.