El director general de Tráfico, Pere Navarro, reveló hace unos días que el año que viene se implantarán peajes en autovías y autopistas “por imposición de Bruselas”. Aunque poco después lo desmintieron la propia DGT y el Gobierno de forma contundente, se ha generado una importante polémica al respecto, avivada por la campaña electoral.
Sin embargo, el debate está sobre la mesa y ha llegado para quedarse. A priori, a nadie le gusta pagar peajes, pero no es todo tan sencillo.
Lo que se cuestiona es cómo se paga el mantenimiento y renovación de las vías rápidas. Si se implanta un peaje (que podría gestionar directamente la administración, en vez de una concesionaria) supone que todo o parte de ese mantenimiento lo asumen los usuarios (españoles y extranjeros). En cambio, si las autovías están libres de peajes, la conservación de estas infraestructuras básicas corre íntegramente a cargo de todos los ciudadanos (excepto los extranjeros).
Además, como se ha visto en Cataluña, la supresión de los peajes de la AP7 ha ocasionado un incremento tan brutal del tráfico en esa autopista que, en la práctica, ha dejado de ser una vía rápida. Es decir, los peajes también ayudan a regular la circulación en las carreteras más sobrecargadas.
Este es un tema que ha dado lugar a muchos planteamientos populistas, que han demonizado cualquier fórmula de pago por uso de las autovías. Sin embargo, la implantación de peajes razonables, asumibles y adaptados a la situación económica de cada ciudadano puede tener más efectos positivos que negativos.