Cuidado a quién le facilitas una copia de tu DNI

El DNI es un elemento cotidiano para todos los españoles, que nos ha acompañado prácticamente durante toda la vida. Forma parte de pequeños gestos diarios a los que ya estamos acostumbrados. Lo que antes era mostrar el DNI para hacer un pago con tarjeta (aunque suene ya prehistórico) o mostrarlo para acceder al local de moda, ahora se ha convertido en una fotografía para justificar la entrega de ese paquete o bien en el escaneo para poder registrarnos en un hotel.

También sucede, cada vez con más frecuencia, que cuando contratamos un servicio a través de internet, nos soliciten una copia de nuestro DNI para poder comprobar la identidad de la persona que contrata. En cualquiera de estas situaciones, parece que no hay ningún problema en mostrar y enviar, como hemos hecho siempre, nuestro DNI. Pero, ¿es así?

Lo cierto es que algunos negocios tienen la obligación de registrar los datos contenidos en nuestros DNI, más allá del nombre y apellidos, incluyendo por ejemplo el sexo, la fecha de nacimiento o la fecha de expedición del documento. Los hoteles, por ejemplo, tienen que guardar estos datos por obligación legal.

Sin embargo, uno de los problemas a los que nos enfrentamos muchas veces como consumidores es saber cuántos datos son suficientes, y cuándo nos están pidiendo datos de más. Por ejemplo, ¿puede el hotel exigir tomar y guardar también una fotografía de mi rostro? El repartidor, ese que pide el número de DNI para acreditar quién ha recogido el paquete, ¿puede tomar una fotografía del documento como prueba para el sistema?

En el ámbito legal, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tomado decisiones y sancionado a establecimientos empresas precisamente por abusar del tratamiento de los DNI de los clientes. En concreto a un hotel por tomar la fotografía de los clientes, ya que supone un tratamiento excesivo. Y, por otro lado, a una empresa de telefonía por realizar una fotografía del DNI por ambos lados de un cliente, guardando datos innecesarios para la su finalidad, que no era otra más que acreditar quién era la persona que recogió un teléfono en la tienda.

Pero, más allá de las consecuencias legales que las empresas pueden tener por este mal tratamiento de datos, ¿qué consecuencias tiene para los consumidores? Y no solo con empresas: fotos del DNI que se envían por WhatsApp para la inscripción a una carrera, o por Wallapop para asegurar a un comprador que no vamos a estafarle. ¿Qué puede pasar?

En una época en la que la mayoría de las gestiones se hacen online, el DNI es el documento estándar que utilizamos para tener un nuevo contrato de telefonía o abrir una nueva cuenta en el banco. Estos procesos, ya automatizados, ya dentro de nuestro día a día, son sencillos. Doy mis datos, pruebo mi identidad con el DNI, se verifica y listo, tengo una nueva cuenta bancaria, un nuevo préstamo, un nuevo contrato de 20 GB (¿de que?) más llamadas.

Esta facilidad tiene, sin embargo aquí, un lado oscuro. Porque cualquier persona que haya tenido acceso a nuestro DNI, ya sea por una brecha de seguridad o porque nosotros se lo hayamos proporcionado, puede realizar todas esas gestiones en nuestro nombre. Con todas las consecuencias. Es decir, haced una breve reflexión: ese DNI que he entregado (o extraviado o me lo han sustraído) para cualquiera de las actividades antes mencionadas ¿no serviría también para que otra persona, que tuviera mi DNI, también las hiciera?

Por ejemplo, personas que se ven envueltas en una investigación porque su DNI se ha utilizado para abrir una cuenta para realizar estafas en apps de compraventas. Personas que tienen que responder por préstamos que jamás han solicitado o disfrutado, pero que de alguna manera están a su nombre. Personas que están en registros de morosos, con la imposibilidad de acceder a financiaciones, por motivos que nada tienen que ver con ellos. Personas a quienes han retirado el dinero de la cuenta gracias a una autorización en un DNI obtenido de manera fraudulenta.

¿Qué podemos hacer para protegernos de esto? Aunque la ley puede perseguir y sancionar a las empresas por malas prácticas, esto no basta para evitar los trastornos y el daño que estas acciones pueden ocasionar en nuestra vida. Tomar medidas para prevenir el mal uso de los datos es la mejor manera de protegernos.

La primera y principal es no proporcionar una copia de nuestro DNI a cualquier persona que lo pida, y evitarlo en la medida de lo posible. No enviarlo a personas que no conocemos, o que no tengan motivos para tener todos nuestros datos. Si aún así no queda más remedio que enviarlo (porque verdaderamente nos interesa la contraparte, por ejemplo, el alquiler de una vivienda vacacional), tenemos varias opciones para proteger nuestros datos.

La primera es la anonimización del DNI. Es decir, tapar todos los datos que no sean necesarios. Por ejemplo, el número, la fecha de expedición, la fecha de nacimiento... Si es cuestión de acreditar nuestra identidad, todos esos datos son superfluos. Con una sencilla aplicación de edición de imagen, se pueden borrar los datos para que no puedan utilizarse.

La segunda opción es aplicar una marca de agua sobre el DNI, señalando para que finalidad se ha proporcionado esa copia y a qué persona o entidad. De este modo, nos aseguramos que cualquier persona que reciba esa copia ilegítimamente, se podrá poner sobre alerta.

Si el riesgo nace por una pérdida o sustracción del DNI, lo que hay que hacer inmediatamente seamos conscientes de esa pérdida o sustracción, es denunciarlo en la comisaría de policía más cercana, a los efectos de poder acreditar, si llegan los problemas, que ese DNI estaba perdido o sustraído. Y como sugerencia personal, debemos denunciarlo incluso si no estamos seguros de haber perdido el DNI.

Extremar las precauciones, aplicar el sentido común y actuar con celeridad, nos ayudarán a no caer en este tipo de estafas o malos usos del que es uno de nuestros bienes más preciados, nuestra identidad.