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El Gobierno aumenta las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto por el que se incrementan las cuantías que percibirán los afectados en siniestros
El Gobierno de España, a través de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, aumenta las cuantías de las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a las personas afectadas por accidentes de circulación, establecidas en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Con esta modificación, el Ejecutivo asegura que "refuerza y mejora de forma generalizada" los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico y supone un incremento de las indemnizaciones en beneficio de las víctimas y perjudicados, especialmente para los lesionados más graves.
La nueva ley
La ley recoge la hipótesis de cálculo para las cuantías de las indemnizaciones, cuya actualización en el caso de las indemnizaciones básicas es automática. Para los lesionados más graves es necesaria una actualización periódica, que es la que se aborda en el real decreto aprobado, para adaptarlas a la evolución socioeconómica, incluyendo la necesaria reparación económica justa de las víctimas.
Además, de forma específica, se incrementan las indemnizaciones por lucro cesante, aumentando las cuantías que percibirían tanto las personas que dependen económicamente de la víctima en caso de fallecimiento en accidente de circulación --cónyuge, hijos, padre, hermanos, abuelos, nietos y allegados--, como las que recibiría el propio lesionado si el accidente le causara incapacidad permanente.
Otros beneficiados
Asimismo, se actualizan e incrementan las indemnizaciones en caso de necesidad de que el accidentado requiera la ayuda de terceras personas como consecuencia del siniestro.
Con estas modificaciones se actualiza el sistema de indemnización a las víctimas de tráfico, que en España se fija a través de un método de valoración de carácter legal (baremo), "muy protector" de las víctimas, con la participación de una Comisión de Seguimiento en la que están todas las partes implicadas, con especial presencia de las asociaciones de víctimas.
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