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Eroski, condenada a pagar 30.000 euros a Cifuentes por vulnerar su derecho a la intimidad
El Supremo confirma la condena a la cadena de supermercados por incumplir la obligación de custodiar la grabación en la que la exdirigente había sustraído presuntamente unas cremas
La cadena de supermercados Eroski ha sido condenada a pagar 30.000 euros a Cristina Cifuentes por vulnerar su derecho a la intimidad. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena que declaró que la compañía había incumplido su obligación custodiar de una grabación en la que aparecía la exdirigente con un vigilante de seguridad tras sustraer presuntamente unas cremas.
En el fallo la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por la cadena de hipermercados, que tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a Cifuentes por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración de su derecho a la intimidad.
El derecho a la intimidad y la propia imagen
Cabe recordar que la que fuera presidenta autonómica interpuso una demanda contra Cecosa en la que solicitó que se declarara que su conducta constituyó una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, y se la condenara a indemnizarle en 450.000 euros y a publicar la sentencia en dos diarios de tirada nacional.
Las pretensiones formuladas en su demanda se basaban en el incumplimiento por la demandada de sus obligaciones, derivadas de la normativa sobre protección de datos personales, respecto de la grabación de que fue objeto la demandante en un establecimiento de Eroski el 5 de mayo de 2011, del que era titular, que posteriormente fue filtrado a la prensa y fue objeto de una amplia difusión en 2018.
Una indemnización de 30.000 euros
En la fecha de la grabación, Cifuentes era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y cuando se hizo pública, siete años después, era presidenta de la Comunidad, cargo del que dimitió tras difundirse el vídeo.
La Audiencia Provincial de Madrid estimó en parte la apelación planteada por Cifuentes y declaró que Cecosa había incumplido las obligaciones que le imponía la normativa sobre protección de datos personales respecto de la custodia de la grabación, fijando una indemnización de 30.000 euros.
Los argumentos del supremo
El Supremo ha desestimado íntegramente el recurso de casación de Cecosa que, entre otros argumentos, consideraba que la Audiencia Provincial realizó una incorrecta ponderación en el conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante.
Y es que se trataba de la divulgación de unos hechos veraces y de enorme interés público al ser constitutivos de un ilícito penal y cometidos por un personaje público.
Un medio de comunicación difundió el vídeo
Al respecto, el TS contesta que la sentencia recurrida discurre totalmente al margen del conflicto entre las libertades de expresión e información y el derecho a la intimidad de la demandante, "pues la condena de la recurrente se basa en los incumplimientos en que incurrió la entidad demandada en la custodia de la grabación efectuada en un establecimiento de su titularidad que le impone la normativa de protección de datos".
La propia recurrente pone de manifiesto, según añade el Supremo, que no hizo uso de estas libertades públicas pues "no fue ella la que difundió el vídeo, sino que lo hizo un medio de comunicación que no está demandado".
“Daños morales muy importantes”
En cuanto a la discrepancia de la recurrente con la cuantía de la indemnización por considerarla desproporcionada, el tribunal destaca la gran repercusión que el conocimiento público de la grabación, propiciada por el incumplimiento por la demandada de su obligación de custodia y posterior destrucción de la grabación, tuvo en la opinión pública.
Todo ello "muestra con toda claridad que los daños morales fueron muy importantes". Por ello, entiende que la Audiencia no estableció de forma arbitraria la cuantía, que ratifica.
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