Hay nuevos interrogantes en la movilidad de la capital española. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones de la capital al considerar, entre otras cuestiones, que no había suficientes informes previos, sobre todo acerca del impacto económico que tendría la aprobación de la Ordenanza. Es decir, que para algunos conductores sin muchos recursos económicos esta limitación zonal era un palo demasiado grande.
Así, la pregunta que se hacen muchos madrileños es si ahora podrán acceder con su coche a las zonas que hasta ahora tenían vetadas. Pero, de momento, no es aconsejable hacerlo, puesto que el Ayuntamiento de Madrid seguirá multando, ya que la resolución del TSJM no es firme.
El acceso continúa prohibido
De hecho, el Ayuntamiento ya ha avisado que recurrirá. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha afirmado que las ZBE que han sido anuladas en la sentencia siguen vigentes y que, basándose en la jurisprudencia, no se anularán las multas impuestas. “Sigue estando prohibido el acceso a dichas zonas si uno no cuenta con el distintivo ambiental correspondiente", ha recordado el delegado.
El Ayuntamiento pretende ir más allá y prohibir la circulación de los camiones, furgonetas, motos y ciclomotores sin etiqueta ambiental a partir del 1 de enero de 2025: tal y como detallan desde Eurotaller, los vehículos más antiguos, los que no cumplen con los estándares de emisiones de dióxido de nitrógeno (NOx) y partículas finas, tendrán vetado el acceso a estas áreas. Esta regulación afecta, principalmente, a vehículos diésel matriculados antes de 2006 y a coches de gasolina anteriores a 2000.
A cuánto ascienden las multas
Por el momento, los vehículos sin distintivo ambiental no empadronados en la capital que accedan a la ZBE de Madrid y la ZBEDPE Plaza Elíptica se enfrentan a una sanción de 200 euros.
Por su parte, Automovilistas Europeos Asociados ha anunciado al alcalde de Madrid que pedirá la inmediata paralización de la tramitación de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la devolución de lo ya cobrado, que estima en más de 330 millones de euros repartidos en 1,7 millones de multas.