La guerra del cava sigue dando de qué hablar y el último capítulo arranca con una decisión del Tribunal Supremo. Este órgano ha anulado una disposición del Gobierno que limitaba la cantidad de hectáreas que se pueden plantar en Extremadura, una medida que levantó muchas ampollas. Sin embargo, una nueva sentencia da ahora la razón a las reclamaciones de la Junta de Extremadura y supone un varapalo para Cataluña en pro de otras autonomías, como la Comunidad Valenciana y la propia Extremadura. Además, esto obliga al Ministerio de Agricultura a consultar a las demás regiones productoras antes de tomar cualquier decisión, en lugar de, como hasta ahora, adoptar en plancha las recomendaciones del organismo regulador, controlado, en su totalidad, por el sector catalán.
Javier Pagés preside el Consejo Regulador del Cava y no es ajeno a las acusaciones que apuntan con el dedo a la entidad que dirige. “A mí personalmente no me lo dicen, pero leo lo que se publica. Hay muchos intereses políticos y privados que hacen que la gente diga según qué cosas. Sin embargo, mi preocupación es el sector en general”, defiende ante Consumidor Global. Además, argumenta que las elecciones del órgano son democráticas y que en él están presentes todos los actores. Sin embargo, sobre la representación de las otras comunidades autónomas, reconoce que tienen voz --a través de representantes en las reuniones--, pero no voto. De hecho, Cristóbal Aguado, que preside la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), asegura a este medio que “el poder lo van a seguir teniendo los catalanes” a pesar de la sentencia del Supremo y de sus implicaciones.
Cambios futuros
El cava se produce en 159 municipios españoles de siete comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, Rioja y País Vasco. La mayor parte de estas localidades --el 83%-- está en Cataluña, que también aglutina el 81% de las casi 38.000 hectáreas de viñedos nacionales dedicados a esta variedad. Fuera de este territorio, el 11% de los cultivos está en Requena (Comunidad Valenciana) y el 4% en Almendralejo (Extremadura). Estas dos localidades son las únicas autorizadas a cultivar esta denominación de origen en sus respectivas autonomías y, a su vez, son las otras dos grandes áreas de producción. El problema es que los 12 vocales que componen el Consejo Regulador, que controla los elementos de producción y es el principal asesor del Ministerio de Agricultura, son de Cataluña. Esto no convence ni a extremeños ni a valencianos, que se quejan de la falta de representación. Sienten que sus intereses no se defienden de forma equitativa.
Pero tras las sentencia del Supremo empieza a vislumbrarse un nuevo escenario. Pagés asegura que en el seno del consejo se estudia la posibilidad de modificar los estatutos para intentar aplacar los ánimos. De esta manera, se abre la puerta a que las otras regiones que producen este espumoso puedan contar con algún vocal con capacidad de voto. “No lo descarto, pero tiene que ser un cambio justo y que sirva para que no haya polémicas. No es un tema nada fácil. Hay que ver si se puede incluir algún tipo de representación con voto y en qué porcentajes deben participar, pero hay que gobernar bien y considerar las preocupaciones de todo el sector”, asevera.
“No podemos ser una moneda de cambio”
“Si el Gobierno sólo hace lo que le dicta el Consejo Regulador siempre antepondrá lo que le diga Cataluña frente a los demás”, asevera Aguado. También considera que la sentencia, más allá de las limitaciones sobre la expansión de los cultivos, incorpora un nuevo elemento en relación a cómo se toman las decisiones que afectan al sector. “Ahora hay constancia judicial de que es el Ministerio de Agricultura español el que debe asumir las decisiones en una denominación de origen de ámbito supraautonómico. No es sólo Cataluña la que debe decirle al Gobierno lo que tiene que hacer”, valora. En la misma línea se expresa Catalina García, secretaria regional del sector vitivinícola de la Unión de Pequeños Agricultores en Extremadura (UPA-UCE). “Lo que hemos ganado con la sentencia es que el Ministerio ahora tiene que consultar a cada comunidad autónoma”, resume.
La disposición que ha anulado el Supremo estaba incluida en un decreto aprobado en 2019 y en ella se imponía a la cartera que dirige Luis Planas la aceptación de las recomendaciones presentadas por el Consejo Regulador, entre ellas la de no aumentar las hectáreas de este cultivo. De hecho, una de las principales tensiones territoriales tiene que ver con eso. Mientras unos pedían expandir sus viñedos, desde el consejo se considera que eso puede hundir el precio de las botellas. “La política no puede utilizar más a los agricultores. No podemos ser una moneda de cambio”, lamenta García, quien considera que el poder de decisión otorgado al órgano regulador se trata de una concesión política a los catalanes. "La inscripción de una parcela cuesta sudor y sangre”, añade.
¿Hacen falta más hectáreas de cava?
Pagés tiene claro que “sobran hectáreas” en todas partes y alega que, en base a estudios de mercado externos, una mayor producción puede hacer que bajen los precios, tanto en origen como de las botellas en los lineales. “Si llegan al supermercado muy baratas se desprestigia la denominación de origen”, agrega. A pesar de ello, tras el pronunciamiento del Supremo la Junta de Extremadura anunció que solicitará al Ministerio de Agricultura una ampliación de 200 hectáreas anuales. “La demanda de cava valenciano y extremeño ha subido mucho en los últimos años”, argumenta Aguado, el presidente de AVA-Asaja.
Sin embargo, en la Comunidad Valenciana los precios que se pagan a los productores han caído un 40 %, una reducción similar a la que estiman en Extremadura. La crisis del coronavirus ha hundido el consumo de cava en el canal horeca -hoteles, restaurantes y cafeterías--, uno de los principales demandantes de este producto. Por ello, los productores no tienen claro si es el momento de ampliar la superficie de este cultivo y existe cierto debate interno. “La situación de crisis es tremenda y hay que ser prudentes”, señala García, de UPA-UCE.
Una apuesta por los cavas baratos
“La producción de cavas baratos se realiza, principalmente, en Extremadura y en Valencia. Eso no quiere decir que no haya grandes cavas en esas zonas, pero un porcentaje muy elevado de su producción está destinado a botellas que se venden por unos 2 euros en los supermercados”, asegura a Consumidor Global Sergio Estévez, experto en vinos y fundador de la empresa Locatamos. No obstante, también considera que las grandes empresas del sector han ayudado a devaluar la denominación de origen. Monstruos como Freixenet, Codorniú y J. García Carrión “se dedicaron a producir cavas de batalla” pensados para vender centenares de miles de botellas, matiza.
“El cava de bajo precio es un producto muy justito. A nivel organoléptico no tiene muchos matices y son vinos para cubrir el expediente. ¿Están malos? No, pero desde luego no hacen afición”, matiza. Por otro lado, este experto también compara la situación con la del champán francés. “Nunca vas a encontrar una botella por menos de 15 euros. Son muy estrictos con el método de elaboración, en la selección del vino base... eso con el cava no pasa”, subraya. De hecho, eso motivó el gran cisma del sector que tuvo lugar en 2019, cuando las nueve bodegas catalanas que integran Corpinnat se escindieron de la denominación de origen. “Querían un sello de calidad que se aproximase más a lo que se hace con el champán en Francia”, asevera Estévez. Entonces, ¿a partir de qué precio se puede encontrar un buen cava nacional? El fundador de Locatamos señala que desde los 15 euros se encuentran espumosos “muy buenos”, aunque apunta que también hay segundas marcas con productos muy dignos a partir de los 9 euros.
El tirón de las exportaciones
El del cava es un sector con mucho peso dentro de las denominaciones de origen nacionales. De hecho, según el último informe de datos económicos del Consejo Regulador --correspondiente a 2019-- es la primera en volumen de exportaciones. De los 249 millones de botellas que se produjeron en España ese año, algo más del 65% se vendieron en el extranjero. Japón, Suecia, Rusia y Polonia son algunos de los países en los que la popularidad de este espumoso nacional se ha disparado en los últimos tiempos.
A pesar de que todavía no hay datos oficiales de cómo ha ido el 2020, Pagés se muestra sorprendido de la “resiliencia” que tiene el sector debido a esa capacidad exportadora. “Creo que va a aguantar bastante bien el envite del Covid-19”, augura. A pesar de las buenas expectativas del presidente del Consejo Regulador, la portavoz de UPA-UCE no las tiene todas consigo y se muestra más pesimista. “Es curioso lo que pasa en este sector. Aunque baje el precio que se paga al agricultor, en el supermercado se mantiene”, asegura.