Hace un par de generaciones, tener el mismo frigorífico o televisor durante muchos años era algo muy común. Además, si se estropeaba, la reparación era sencilla y económica. Pero, en la actualidad, es posible que muchos usuarios hayan experimentado alguna vez como, sin darles mal uso y sin motivo aparente, algunos aparatos que tienen dejan de funcionar.
De hecho, está demostrado que, a día de hoy, los dispositivos se programan para tener una vida útil limitada. Pasado ese tiempo, una pequeña pieza puede romperse y dejar el aparato inservible, no se permite una actualización al último software e incluso reparar un fallo sale más caro que comprar un aparato nuevo. A esta práctica se le conoce como obsolescencia programada. Se trata de una reducción intencionada de la vida útil de un producto para fomentar la compra de otro nuevo, lo que genera un impacto económico en el bolsillo de los consumidores y enormes cantidades de residuos, así como grandes beneficios para los fabricantes.
Una fecha de defunción fijada en la fase de diseño
Pocas empresas se libran de esta práctica. De hecho, en 2020 Apple fue acusada de ralentizar sus dispositivos y baterías para promover la compra de los últimos modelos y fue multada con 25 millones de euros. “El fabricante ya calcula el final de la vida útil de un producto en su fase de diseño”, explica a Consumidor Global Alicia García-Franco, directora de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje. Es decir, fijar la duración de un dispositivo y electrodoméstico o su fecha de defunción es un paso más del proceso de fabricación.
Lo que ocurre es que, para aumentar las ventas, los fabricantes limitan la vida de sus productos para fomentar el consumo por parte del usuario. Sin embargo, el cambio de un dispositivo que aún funciona por otro nuevo también nace de un impulso caprichoso de los propios consumidores. A eso se le llama obsolescencia percibida. “Es el deseo de tener lo último y la percepción de que el modelo que tenemos está obsoleto, aunque funcione perfectamente, algo motivado por la constante publicidad”, matiza Benito Muros, presidente de la Fundación Feniss, dedicada a eliminar la obsolescencia programada.
Impacto económico y medioambiental
La Fundación Feniss ha calculado que, a lo largo de su vida, un usuario gasta entre 50.000 euros y 60.000 euros en comprar aparatos electrónicos. “Unos 10 o 12 móviles, impresoras, ordenadores, televisores, uno o dos vehículos, etc”, subraya Muros. Por tanto, se gastaría un 90% menos si estos dispositivos fueran más duraderos, según este experto.
Además, el impacto medioambiental es “brutal”. No sólo por los millones de toneladas de materias primas necesarias para consumir al ritmo actual, sino también por las toneladas de basura y de residuos que genera la población. “La naturaleza no tiene tiempo para regenerar todo lo consumido y los residuos son tantos que se envían a otros países porque aquí ya no hay espacio”, critica Muros.
La reparación como primera opción
Para combatir esta criticada obsolescencia, España cuenta con una Estrategia de Economía Circular que persigue aumentar la vida útil de los dispositivos. Este plan se apoya en un diseño ecológico de los aparatos para garantizar su duración en el tiempo. Esto, a su vez, debe permitir que sean más fáciles de reparar y reciclar y que incorporen la mayor cantidad posible de material reutilizado.
Pero la responsabilidad de cada usuario es también un arma muy poderosa para cambiar todo esto. Para ello, los expertos recomiendan no comprar por impulso y consultar antes los costes de una reparación cuando se agota la garantía. La reparación debería ser la primera opción antes de desechar o dar por muerto un aparato.