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Alquilar un apartamento turístico en B o sin contrato: más barato, aunque arriesgado
En plataformas como Milanuncios se pueden encontrar más de 5.000 viviendas disponibles para el verano, aunque muchas no cumplen con las garantías necesarias
Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los españoles que ya planean sus vacaciones. Este año, como ocurrió en 2020, muchos turistas elegirán un destino nacional debido a las restricciones a la movilidad que algunos países han adoptado por la pandemia. El Ministerio de Turismo ya avisa en su página web: “todo viajero debe contar con la posibilidad de verse afectado en el extranjero por restricciones de cualquier tipo que impidan o alteren su libertad de movimiento”.
Tener una casa en la playa es un lujo, y también un negocio. Cada vez son más los usuarios que eligen los apartamentos turísticos para hospedarse. Aunque la mayoría de turistas aún se decantan por los hoteles como la primera opción. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020, un 64 % de las pernoctaciones se realizaron en hoteles y un 36 % en alojamientos turísticos extrahoteleros --apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues--. Dentro de esta clasificación, los apartamentos turísticos son la opción más solicitada, en un 45 % del total.
Cuidado con alquilar viviendas en ‘B’
No todos los apartamentos turísticos cumplen con los requisitos necesarios. De hecho, en la página web Milanuncios hay 5.473 viviendas disponibles para alquilar sin ninguna garantía y este medio ha contactado con una de ellas, en Málaga. El propietario ofrece una casa de 150 metros cuadrados y seis habitaciones. El precio por hospedarse es de 70 euros al día. La casa está disponible para un alquiler de larga duración, pero si no está ocupada en agosto, se puede disponer de ella como vivienda vacacional. Al preguntar sobre el contrato, el interlocutor al otro lado del teléfono responde que “no es necesario”.
Y lo mismo ocurre con otros inmuebles que se pueden encontrar en esta plataforma online. Al preguntar por otra casa en Cádiz, la propietaria asegura que “lo único que suelo pedir es el carnet de identidad”. Sin embargo, uno de los requisitos que exigen las administraciones en estos casos es tener a disposición del cliente una “hoja de reclamaciones y un libro de usuario. Es obligatorio”, asegura Mar Fernández, abogada de Legálitas. Sin esta condición, el usuario se arriesga a no poder realizar una reclamación.
Varios riesgos que es mejor conocer
Alquilar un apartamento que no cumple con la normativa de turismo puede acarrear problemas a los usuarios. En caso de surgir algún imprevisto, como, por ejemplo, que el propietario anule la reserva después de haber abonado el importe, éste está obligado a devolver el dinero. En el caso de que la reserva se haya realizado a través de plataformas como Airbnb o Booking esto se garantiza. Pero, en el caso de un particular, ¿qué pasa si el dueño se niega a la devolución? “Tienes derecho a poner una denuncia y el casero tendrá que buscar una vivienda similar y con el mismo precio”, asegura a Consumidor Global Eduardo Martínez, empleado de Livingtarifa, un portal inmobiliario especializado en el alquiler de estancias.
Además, puede ocurrir que cuando el inquilino llegue al apartamento turístico, no se parezca a lo que había visto en fotografías o que el piso esté en malas condiciones. “Todos estos casos se cierran con una sanción que no suele llegar a los 600 euros”, explica Martínez. Además, para evitar complicaciones, el huésped no solo debe exigir que la vivienda cuente con una licencia de turismo, sino también la de primera ocupación, que garantiza que el inmueble tiene todas las obras terminadas y cumple condiciones urbanísticas, ambientales y de seguridad.
Los controles necesarios
Por otro lado, los pisos que se ofrecen en plataformas como Airbnb o Booking tienen que pasar una serie de filtros para ser añadidos a sus bases de datos. “Protegemos a los anfitriones y huéspedes animando a los usuarios a denunciar los correos electrónicos o webs falsas”, explican a Consumidor Global fuentes de Airbnb. Uno de estos requerimientos es tener un seguro especial que cubra los posibles daños a terceros, se trata de un seguro de responsabilidad civil. “No tenerlo es sancionable y se debe comunicar a la oficina del consumidor y a la Dirección General de Turismo para que efectúe los procedimientos sancionadores. Se trata de una irregularidad”, asegura Fernández.
Para alojarse en un piso turístico, éste también tiene que tener la certificación de apartamento turístico, que en cada comunidad autónoma es diferente, e incluso hasta dentro de la misma localidad. “Primero hay que ir al ayuntamiento y ver lo que piden. En Madrid, por ejemplo, el certificado de idoneidad es complicado que te lo den. Hay que acreditar que el uso de la vivienda es compatible con el uso turístico”, explica Fernández. Y una vez que la vivienda cumple con la normativa, ya se puede publicitar en este tipo de plataformas. Después, el propietario fija el precio, según la oferta y la demanda.
Importantes diferencias de precios
Realizar estos trámites puede suponer, en muchos casos, una inversión para adaptar la casa a los requerimientos administrativos. Por eso, los precios que ofrecen los particulares son más baratos. En Tarifa, uno de los destinos vacacionales más cotizados de la costa gaditana, los precios de los apartamentos turísticos no han parado de subir en los últimos años. “Un piso de dos habitaciones puede costar 200 euros la noche en agosto”, asegura Martínez, de Livingtarifa. “Lo normal es que estos espacios los alquilen grupos de amigos o incluso varias familias para compartir gastos”, explica.
Y en Estepona (Málaga), un piso con las mismas características y el mismo mes cuesta cerca de 170 euros el día. Aunque es un destino más económico, los precios también han crecido. Sin embargo, en cualquier caso, estos costes desorbitados no van acorde con el salario medio en España. Éste se sitúa en los 1.658 euros mensuales, según el último estudio de la consultora Adecco de 2021, lo que dificulta el acceso a estos inmuebles y servicios, cuyo coste no para de subir incluso en tiempos de crisis.
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