El Tribunal Supremo (TS) ha remitido a la Audiencia Nacional (AN) la investigación sobre una presunta estafa realizada a través de la empresa Hispakom por parte de una serie de personas que se dedicaban a ofertar material sanitario para prevenir ictus a personas mayores mientras se hacían pasar por empleados del servicio sanitario de la Junta de Andalucía.
En el denominado caso Hispakom se han visto implicados al menos 17 personas que habrían actuado como una organización criminal a través de esta empresa radicada en Úbeda (Jaén), poniéndose en contacto con personas ancianas usuarias de servicios sociales o del sistema de teleasistencia, y consiguiendo bajo esta apariencia concertar citas en sus domicilios, donde les ofrecían material sanitario para prevenir ictus o enfermedades cardiovasculares.
Hay 1.500 perjudicados en el caso Hispakom
En concreto, para que no quedara reflejado en el contrato firmado con la entidad financiera, los investigados duplicaban el documento consignando como cantidad en efectivo una inferior a la realmente pagada. Asimismo, hacían firmar a los ancianos un documento que les impedía desistir de la venta de los productos, encargándose uno de los investigados de retirar el embalaje para impedir que los perjudicados al darse cuenta del engaño pudieran devolverlo.
Además, los magistrados han apuntado que las cantidades abonadas por los perjudicados eran ingresadas en las cuentas de algunos investigados, desde donde se desviaba y se procedía a su blanqueo. En el registro realizado por la Guardia Civil en Hispakom se intervino documentación de la que resulta la existencia de 1.500 perjudicados por las maniobras fraudulentas de los investigados, que residen en distintos puntos del territorio español.
El Alto Tribunal remite a la AN el caso debido a su gran magnitud
Por ello, el Tribunal Supremo ha justificado la decisión de atribuir a la Audiencia Nacional la competencia aludiendo al elevado volumen de perjudicados posibles detectados por la investigación.
De esta manera, la Sala de lo Penal responde a una cuestión de competencia y atribuye la misma sobre estos hechos al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, que será el encargado de asimilar la instrucción que hasta el momento correspondía al Juzgado de Instrucción Número 1 de Úbeda.