Alerta con la inversión en criptomonedas: en el punto de mira del Banco de España

Invertir en criptomonedas conlleva un "alto riesgo" por su complejidad, volatilidad y falta de transparencia. Así de contundentes se han manifestado este martes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, que han lanzado un aviso a navegantes ante la euforia alcista del bitcoin, que ha disparado su cotización después de que Tesla anunciase una inversión de 1.500 millones de dólares --unos 1.250 millones de euros-- en esta criptomoneda. Su valor en estos momentos está en máximos históricos y el lunes cerró su cotización en 38.523 euros.

En un comunicado conjunto, las dos entidades recuerdan que en los últimos meses los precios de numerosas criptomonedas, entre ellas el bitcoin y el ether --las dos más utilizadas--, han experimentado una elevada volatilidad, que se ha visto acompañada por "un aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores".

Sin regulación

La CNMV y el Banco de España también advierten de que aún no existe un marco que regule las criptomonedas y proporcione garantías y protección similares a las de otros productos financieros, aunque recuerdan que se está negociando un reglamento (MiCa) para este ámbito.

Desde el punto de vista legal, las criptomonedas no tienen consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otra autoridad pública y no están cubiertos por mecanismos de protección como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores, añaden las dos entidades.

Desaconsejable para pequeños ahorradores

Las criptomonedas son "instrumentos complejos que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión", aseguran ambos organismos.

Por otra parte, los precios de las criptodivisas se forman sin que existan mecanismos eficaces que impidan su manipulación y sin información pública que respalde su evolución. Además, es habitual que los actores implicados en este tipo de operaciones no estén localizados en España e incluso no sea posible su localización, algo que dificulta la resolución de cualquier conflicto.