Mes y medio después de la devastadora DANA que arrasó 75 municipios de la Comunidad Valenciana, miles de familias siguen esperando recibir las ayudas públicas prometidas.
El colapso del sistema administrativo y la complejidad de los trámites han dejado en evidencia las carencias de las instituciones, mientras que la solidaridad ciudadana ha tomado un papel clave en esta crisis, tal como reporta El País.
“Ni siquiera saben lo que necesitan”
En Paiporta, uno de los municipios más afectados, la parroquia San Ramón se ha convertido en un refugio improvisado para el trámite de ayudas. Allí, Ana Sal, de 38 años, divide su tiempo entre su trabajo en la empresa valenciana Jeanología y su voluntariado.
Una vez a la semana, junto con otras compañeras, lleva su ordenador y su experiencia para asistir a los damnificados. En palabras de Ana, el trabajo no es solo técnico. “Muchos llegan rotos, ni siquiera saben lo que necesitan”, apunta.
Menos de la mitad de las solicitudes
El proceso para acceder a las ayudas es laberíntico. La Generalitat Valenciana habilitó una ayuda directa de 6.000 euros, cuyo plazo original vencía el 16 de diciembre pero se amplió al 2 de enero.
Sin embargo, menos de la mitad de las más de 30.000 solicitudes han sido aprobadas. Además, el Gobierno central dispuso indemnizaciones por daños en viviendas, enseres y pérdidas personales, pero el ritmo de aprobación es alarmante; solo 815 familias han recibido anticipos parciales de los 28.077 expedientes registrados.
Cada trámite es un “infierno”
Las dificultades no son solo administrativas. Recuperar documentos básicos para justificar las solicitudes ha sido un reto titánico para los afectados, especialmente para personas mayores que carecen de conocimientos digitales o acceso a internet.
El testimonio de Ana de Miguel, asistente del CEO de Jeanología y otra voluntaria en Paiporta, refleja el caos. “La página del Gobierno se cuelga, y cada trámite se convierte en un infierno. Los plazos apremian, y las familias se sienten abandonadas”, enfatizan.
Requisitos difíciles de cumplir
El panorama es igualmente sombrío para las comunidades de vecinos. Las ayudas, que pueden llegar a 36.896 euros por daños en espacios comunes, exigen requisitos difíciles de cumplir, como copias compulsadas del CIF o documentos inexistentes en muchos casos.
“Estamos haciendo trámites hasta la medianoche y sabemos que faltará documentación”, lamenta Asunción Rausell, coordinadora de administradores en Paiporta. Sin modificaciones al decreto, los edificios sin seguro o administrador quedarán excluidos.
Ayudas insuficientes
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, informó el pasado domingo que de las 728 solicitudes de ayudas al alquiler por viviendas inhabitables, sólo 177 se han pagado. Las ayudas prometidas, que incluyen hasta 800 euros mensuales por un año, son insuficientes frente a la magnitud del desastre.
Ana de Miguel narra el caso de un hombre cuya casa, ahora inexistente, requería ayudas por 76.800 euros, una cifra que ni siquiera cubriría la reconstrucción. Para ella, el hecho de que los damnificados deban rogar por apoyo es inaceptable. “El Ayuntamiento sabe quiénes pagan el IBI; no deberían ser ellos quienes tengan que pedir algo”, concluye.