Qué es el concepto “financiación bono social” que aparece en la factura de la luz

Al contratar una tarifa de luz o al renovarla, es posible que se contemple un nuevo concepto que antes no aparecía: la “financiación bono social”. Este término puede generar confusión, pero es una parte crucial del sistema eléctrico español diseñado para proteger a los consumidores más vulnerables.

En concreto, el bono social es un descuento en la factura eléctrica destinado a proteger a los hogares con menos recursos económicos. Este descuento puede variar entre el 25% y el 40% del total de la factura, dependiendo de la situación económica y social del beneficiario. Está dirigido a varios colectivos, incluyendo familias numerosas, pensionistas con pensiones mínimas y consumidores en riesgo de exclusión social.

¿Cómo se financia el bono social?

La financiación del bono social no recae únicamente en el Estado, sino que se distribuye entre todas las comercializadoras eléctricas del país. Estas empresas deben aportar una cantidad determinada para cubrir el coste de los descuentos aplicados a los beneficiarios del bono social. Esta contribución se refleja en las facturas de todos los consumidores como un cargo adicional.

El bono social es un descuento en la factura eléctrica que está disponible para aquellos consumidores que cumplan ciertos requisitos y tengan contratada la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Este tipo de tarifa solo puede ser gestionado por los comercializadores de referencia (COR), entre los cuales se incluyen:

• Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.
• Curenergía Comercializador de Último Recurso S.A.U.
• Comercializadora regulada, GAS & POWER, S.A.
• Baser Comercializadora de Referencia, S.A.
• Régsiti Comercializadora Regulada, S.L.U.
• Comercializador de Referencia Energético, S.L.U.
• Teramelcor, S.L. (para el área de Melilla).
• Energía Ceuta XXI Comercializadora de Referencia S.A. (para Ceuta).

¿Cuánto se aporta?

Desde abril de 2022, todas las empresas del sector eléctrico (distribuidoras, comercializadoras, generadoras, etc.) están obligadas a contribuir a esta financiación. Este cargo es ineludible y está regulado por ley, por lo que no se puede renunciar a pagarlo. Según el Real Decreto Ley 06/2022, "el bono social será financiado por los agentes del sector eléctrico que participan en la producción, transporte, distribución y comercialización de energía, así como por los consumidores directos en el mercado."

Adicionalmente, el decreto establece que los sujetos obligados a financiar el bono social aportarán una cantidad que será determinada reglamentariamente, en función de criterios que fijará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo calcula y publica el importe cada año en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para 2023, el coste fue de 14,035934 euros/año, lo que equivale a unos 1,16 euros al mes (0,038455 euros/día), y es asumido por cada cliente de manera adicional en su factura.

El coste del bono social ha ido aumentado

El coste del bono social ha aumentado debido a las medidas especiales para aliviar la crisis energética, incrementándose los descuentos del 25% y 40% al 60% y 70%, respectivamente. Además, se han flexibilizado los requisitos de acceso para beneficiar a más hogares. A pesar de estas modificaciones, es probable que esta financiación se mantenga mientras el bono siga en vigor.

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Teo Camino

Este recargo adicional ya se aplicaba en las facturas del mercado libre, pero desde el verano de 2023, se ha extendido también a las tarifas PVPC, sorprendiendo a muchos usuarios. Las comercializadoras del mercado regulado no estaban autorizadas a aplicar este cargo hasta la aprobación del nuevo reglamento del PVPC en marzo de 2023.

Para compensar el retraso, se debe asumir un cargo mayor

Para compensar el retraso en la implementación de este cobro, los clientes de la tarifa PVPC han tenido que asumir un pago aproximadamente un 80% mayor que los del mercado libre, hasta que las comercializadoras recuperen los costes acumulados. 

Así, en las facturas de estos usuarios puede aparecer un concepto como “x días x 0,038455 euros/día x 1,791619”, superando los 1,16 euros mensuales. No obstante, este recargo será temporal y desaparecerá una vez se haya ajustado por completo.

Debería haber más transparencia, según la OCU

Este cobro está regulado por el Ministerio de Gobierno y es completamente legal. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), las eléctricas no están obligadas a notificar a sus clientes sobre este cargo adicional, ya que no representa un cambio en las condiciones de su contrato.

Sin embargo, la OCU considera que debería haber más transparencia. Cada empresa eléctrica debería informar a sus clientes sobre cualquier variación en su factura, ya que afecta al precio final que el consumidor debe pagar. Se enfatiza la necesidad de que los usuarios estén informados y comprendan los motivos detrás de cualquier cambio en su factura.

Los cambios normativos para 2024

En 2024, se produjeron algunas modificaciones en la factura de la luz tras la aprobación de un nuevo decreto regulatorio y fiscal. Entre los cambios, destaca un aumento del IVA para potencias menores a 10 kW, que subirá del 5% al 10%, mientras que para las potencias mayores, se mantendrá en el 21%.

Sin embargo, se ha producido un descuento para la financiación del bono social de 2024, disminuyendo un 82,8% respecto al coste actual por punto de suministro. Es decir, según los datos distribuidos por compañías como Naturgy, a partir del 1 de enero de 2024 verás reflejado en tu factura que este coste es de 0,00628155 euros/día, que equivale a 2,299047 euros/año. Este importe aparecerá en la misma línea que los demás impuestos eléctricos que se deben pagar según las leyes de obligación de pagos fijados para la tarifa eléctrica.