En España, la ocupación ilegal de viviendas ha alcanzado niveles alarmantes. Actualmente, se estima que cada día se okupan más de 40 viviendas, lo que se traduce en alrededor de 15.000 casos anuales. Este incremento ha generado preocupación entre los propietarios y el sector inmobiliario, quienes ven cómo el marco legislativo actual dificulta la recuperación de las propiedades, favoreciendo en muchos casos a los okupas y a mafias especializadas en la ocupación.
Durante el VIII Congreso Nacional de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), celebrado en Ávila, se debatió extensamente sobre la problemática de la okupación y las barreras legales que enfrentan los propietarios. María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró, señaló que “el marco legislativo actual acaba favoreciendo la ocupación ilegal de viviendas en España”. Según Pastor, el fenómeno “se ha ido extendiendo como una mancha de aceite”, afectando a la mayoría de las autonomías y, en particular, al mercado de alquiler en el país, que se enfrenta a la pérdida de la confianza de los pequeños propietarios.
La “técnica Telepizza”
La preocupación sobre el impacto de la okupación en el mercado inmobiliario ha sido compartida también por el asesor jurídico del Consejo General de los Colegios Oficiales de API, José Merino, quien afirmó que “El panorama es desolador. O el legislador da garantías jurídicas al propietario o el mercado del alquiler en España se va a acabar”.
En muchos casos, los okupas recurren a estrategias como la llamada “técnica Telepizza”, que consiste en realizar un pedido para conseguir una prueba de domicilio y, con ella, acceder a los suministros básicos y así consolidar su estancia en la vivienda. Estas prácticas han llevado al colapso del sistema judicial, lo que incrementa los tiempos de espera para desalojar a los okupas y desespera a propietarios, especialmente a aquellos con escasos recursos que dependen de sus inmuebles.
Las medidas para contrarrestar la problemática
En cuanto a las medidas que buscan contrarrestar esta problemática, Carles Sala, portavoz y asesor jurídico de los API de Catalunya, hizo hincapié en la necesidad de diferenciar entre los denominados “grandes tenedores” de inmuebles y los pequeños propietarios.
Sala explicó que el proceso de recuperación de una vivienda ocupada cambia drásticamente si el afectado es clasificado como gran tenedor, una situación que afecta a muchos pequeños arrendadores que dependen del alquiler para complementar sus ingresos. Según el experto, es urgente “cambiar el relato sobre la okupación”. A su juicio, la sociedad ya percibe la okupación como una actividad ilegal; sin embargo, ahora es necesario que el marco legislativo garantice la recuperación inmediata de los inmuebles.
La creciente demanda de seguros antiokupas
A esta problemática se suma la creciente demanda de seguros antiokupas, que ofrecen coberturas específicas para paliar las pérdidas económicas y los daños derivados de la okupación. Este tipo de seguros se han convertido en una herramienta de apoyo para los propietarios, aunque los costos y las coberturas varían, y no siempre garantizan la recuperación del inmueble en el corto plazotimo.
Por último, Cristina Vallejo, socia directora de VPG Abogados, ha asegurado que “urge recuperar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda”. “La Ley de Vivienda no sólo no ha puesto freno al auge de la ocupación ilegal, sino que la ha blindado. Hoy, si un pequeño propietario recupera su vivienda ocupada ilegalmente a los 7 meses se ha de considerar afortunado”.