El Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, ha abierto un expediente sancionador contra Airbnb por no retirar miles de anuncios de pisos turísticos que contenían publicidad ilícita.
La medida llega meses después de que, en junio, Consumo solicitara a diversas plataformas de alquiler de viviendas información sobre los anuncios publicados y les instara a eliminar aquellos que incumplían la normativa, como la falta del número de licencia obligatorio.
Ninguna empresa "debe estar por encima de la ley"
“Ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda”, ha expresado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en redes sociales.
Aunque el comunicado oficial del Ministerio no menciona explícitamente a Airbnb, la investigación señala que esta plataforma habría desoído las peticiones de eliminar los anuncios señalados.
Un problema de alcance nacional
El Ministerio detectó que los anuncios de pisos turísticos investigados se encontraban activos en diversas comunidades autónomas, lo que podría representar un riesgo significativo para los intereses de los consumidores. Entre las infracciones identificadas destaca la ausencia del número de licencia en las publicaciones, un requisito obligatorio en varias regiones, así como otras prácticas comerciales desleales que vulnerarían el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Según Consumo, estas prácticas podrían ser consideradas infracciones graves, con multas que alcanzarían hasta 100.000 euros o incluso más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido. La apertura del expediente inicia un periodo de instrucción para determinar la resolución final, aunque el Ministerio subraya que esto no prejuzga el resultado definitivo.
Airbnb niega haber sido contactada
En medio de la controversia, Airbnb y otras plataformas como Booking han negado haber recibido requerimientos previos del Ministerio, según señalaron tras el inicio de la investigación.
No obstante, Consumo sostiene que realizó solicitudes formales de información y requerimientos de cese a las plataformas implicadas. La falta de acción por parte de Airbnb ha sido determinante para la apertura del expediente sancionador.
La lucha contra las irregularidades
Este es el tercer proceso sancionador que Consumo lleva a cabo en relación con viviendas turísticas. En octubre, el Ministerio inició una investigación contra agencias inmobiliarias que, presuntamente, obligaban a los inquilinos a aceptar condiciones abusivas en contratos de alquiler temporal. Más recientemente, hace apenas una semana, se puso en marcha otra investigación dirigida a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.
Estas acciones forman parte del plan estratégico de Pablo Bustinduy para abordar la crisis de la vivienda en España. Según el ministro, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas del país, afectando a miles de familias que viven al límite mientras unas pocas empresas se enriquecen con modelos de negocio que contribuyen al desalojo de personas de sus hogares.
El impacto de las medidas
La apertura de expedientes sancionadores como el de Airbnb refleja el compromiso del Ministerio con la defensa de los consumidores y usuarios. Bustinduy ha reiterado su intención de velar porque el mercado de la vivienda opere dentro de los límites legales, señalando que no se tolerarán prácticas que perjudiquen a los ciudadanos.
La resolución final del caso determinará si Airbnb deberá enfrentar sanciones económicas significativas por su presunto incumplimiento de las normativas.